En los últimos días, las declaraciones del nuevo presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, sobre el modelo económico que el Gobierno implementa en el país, generaron diversas reacciones, algunas lo respaldaron, pero la gran mayoría lo criticó porque se ubican fuera de la realidad; sin embargo, basta remitirse a los indicadores macroeconómicos y a lo que ocurre en el país para definir una postura al respecto.
Antelo en su discurso de posesión manifestó, entre otros temas, que la política económica actual es insostenible, que el país se dirige a un caos y anarquía y, principalmente, que el modelo económico está agotado. Con esas ideas, lanzadas en oportunidad de su juramento, el empresario saltó a la palestra porque nadie comentó las reflexiones que hizo sobre otros tópicos en el mismo evento, entonces bien pudo haber pasado desapercibido.
El Gobierno, mediante el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, primero, y a través del titular de Economía, Marcelo Montenegro, después, le respondió al empresario cruceño, quien anda desubicado o deliberadamente no quiere reconocer los logros que consolidó el país y los avances que registró pese al contexto internacional adverso.
“Consideramos más bien que nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo hace posible que la industria en Santa Cruz pueda desarrollarse de mejor manera”, dijo Montenegro, lo que fue como un revés para el empresario que desconoció, en su alocución, los beneficios que obtuvo la tierra oriental y el sector productivo de esa región con la implementación del modelo económico, que, además, cabe resaltar, fue diseñado por bolivianos para bolivianos.
El Modelo Económico Social Comunitario Productivo se gestó en un escenario de auge del régimen neoliberal. Allá por el año 1999, cuando Bolivia vivía el momento cúspide del neoliberalismo con las inversiones de la capitalización, un grupo de “viejos socialistas” comenzó a pensar en el posneoliberalismo.
Vigente desde 2006, fue restituido en 2020, luego de la recuperación de la democracia, pues la interrupción del orden constitucional en 2019 dejó de lado este modelo y todo lo que implicaba. Incluso se frenaron los grandes proyectos que ya despegaban, tales como la planta de urea en Cochabamba.
El modelo económico prioriza la inversión pública, fortalece el mercado interno y los excedentes que generan las empresas estatales son redistribuidos entre la población más vulnerable, a través de bonos sociales con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.
Ha demostrado que funciona en un entorno de incertidumbre, volatilidad, convulsión financiera en el ámbito mundial, que está sabiendo asimilar los shocks negativos. En este contexto complejo, Bolivia mantiene la estabilidad de precios de los alimentos, y las recaudaciones tributarias siguen aumentando.
Solo como un ejemplo del resultado del modelo económico, la inflación registrada a diciembre de 2022 llegó a 3,1%, el indicador más bajo de Sudamérica, gracias a las políticas implementadas para otorgar certidumbre a la población.
