El 3 de mayo se cumplieron dos años de gestión de las autoridades subnacionales, es decir gobiernos departamentales y alcaldes municipales. Hace dos años se producía su juramento en los tribunales departamentales de justicia.
Casi se cumple la mitad de gestión y ya hay varias autoridades que enfrentan anuncios de revocatorio, aunque para eso las autoridades cuestionadas deben cumplir la mitad de gestión, es decir dos años y seis meses. Eso significa que los revocatorios podrán arrancar en noviembre de este año.
Las elecciones se desarrollaron el 7 de marzo de 2021 y la posesión debía producirse en abril de aquel año; sin embargo hubo que esperar un mes por la segunda vuelta electoral en cuatro departamentos: Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando. Después de cumplido ese proceso recién se organizó un solo cambio de gobierno departamental y municipal, por una sencilla razón.
Si los ganadores de primera vuelta se posesionaban en el tiempo estipulado legalmente podían acabar su mandato antes que los que fueron a segunda vuelta, pues la Constitución Política del Estado prevé la gestión de cinco años y desfasaría las elecciones de 2026, por esa razón se tomó la decisión de que todos debían esperar la segunda vuelta y que haya un solo acto de posesión en todo el país.
De ese modo, el 3 de mayo de 2021 juraban en Bolivia nueve gobernadores (no salió electa ni una gobernadora), 339 alcaldes y alcaldesas, 2.008 concejales y concejalas (entre titulares y suplentes) y 272 asambleístas departamentales en razón de población y territorio. De igual manera, se eligieron autoridades de la única autonomía regional, el chaco en Tarija, y de las siete autonomías indígenas.
En esta fecha, varias de las autoridades municipales y departamentales de las regiones más pobladas ensayaron mensajes de gestión para informar a sus regiones de las tareas avanzadas, aunque el tiempo de evaluación será recién en cinco años, en algunos casos, y en noviembre, en aquellos lugares donde las poblaciones ya anunciaron un revocatorio.
Como siempre, desde la perspectiva de los electos, las evaluaciones son positivas e incluso usan la popular frase política “estamos mal, pero vamos bien”, para graficar su gestión con economías poco productivas y que básicamente se sustentan de los recursos de coparticipación y nula producción departamental o municipal.
Los efectos de la pandemia se sintieron en el ámbito global y por tanto afectan a todo nivel. En ese marco, los gobiernos departamentales y municipales deben desarrollar verdaderas tareas de estrategia si quieren conformar a la mayoría de sus electores con los pocos recursos que perciben del Estado, que encara todos los esfuerzos por mantener el equilibrio entre ingresos y gastos.
Las actuales autoridades departamentales y municipales son producto, al igual que el Gobierno nacional, de la crisis que vivió el país en 2019 con un abrupto cambio de gobierno y la intención de prorrogarse de otro, apoyado en la pandemia. Con esa crisis encima, al menos los gobiernos municipales de las principales ciudades del país enfrentan amenazas de sus propios electores de ir a un revocatorio, aunque para cumplir ese paso deben recorrer un largo camino de trámites burocráticos.
