En 2020, cuando el presidente Luis Arce Catacora llegó al Gobierno, el saneamiento alcanzaba el 86 por ciento, sin embargo cerrará en 2023 con el 93 por ciento de las tierras saneadas, fruto de la firme decisión asumida por el mandatario boliviano en esta materia.
Casi el 50% de los casos pendientes de saneamiento estaban paralizados en conflicto: alrededor de 7 millones de hectáreas; pero gracias a que se aceleró el proceso, ahora quedan solo 5 millones de hectáreas en disputa.
Del 93 por ciento de tierras saneadas, un 45 por ciento de la titulación de tierras está a nombre de mujeres, otro paso importante para Bolivia, ya que no hay otro país que tenga tan avanzada la política de equidad de género en cuanto a propiedad de tierras.
La estructura de la tenencia de tierras en Bolivia cambió diametralmente y de manera altamente positiva: en 1953, con la reforma del MNR, un 70 por ciento quedó en manos de medianos y grandes propietarios y apenas un 30 por ciento de indígenas.
Hoy en día, entre indígena originario campesinos, comunitarios y tierras comunitarias de origen ostentan el 55 por ciento de la propiedad de tierras rurales saneadas; los sectores medianos y grandes cuentan con el 16 por ciento y un 29 por ciento corresponde a tierras fiscales no disponibles: parques nacionales y reservas forestales.
El Estado boliviano trabaja para proteger las tierras fiscales. El Gobierno nacional extrema gestiones y esfuerzos para evitar más violencia como lo sucedido en el área de la provincia cruceña de Guarayos, donde hay predios privados y asentamientos ilegales en torno a los que se generan avasallamientos y confrontaciones.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene pruebas de que Las Londras, Santagro y la Subcentral Pailitas, como parte de un grupo de 16 poseedores de tierras, no tienen derechos legítimos. Actualmente ha impugnado ante el Tribunal Agroambiental en busca de revertir la determinación de que están en la Reserva Forestal Guarayos.
Paralelamente al avance del proceso de saneamiento de tierras, el presidente Luis Arce, preocupado por la violencia registrada por el tema tierra en el país, ha conformado un gabinete especial para tratar esta situación. Este gabinete sesiona periódicamente para diseñar políticas y acciones concretas.
El Jefe de Estado advirtió en numerosas oportunidades de que “la tierra es para quien la trabaja” y que su gobierno no tolerará el avasallamiento y el tráfico de tierras venga de donde venga. Y es en ese tenor que trabajan varias reparticiones del Estado.
