El Auto Constitucional 0083/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional establece de manera inequívoca que ninguna autoridad puede ejercer más de dos mandatos, sean estos continuos o discontinuos.
Esta decisión, que cierra definitivamente la puerta a una nueva candidatura presidencial de Evo Morales en 2025, representa un triunfo para la institucionalidad democrática y el espíritu de alternancia que debe regir en el país.
La resolución no solo reafirma que la reelección indefinida no es un derecho humano, como ya lo había establecido la Opinión Consultiva Nro. 28/21 de junio de 2021, sino que además extiende la prohibición a otras formas de acceso al poder contempladas en la Constitución.
Esta clarificación era necesaria para evitar subterfugios legales que pudieran permitir la perpetuación en el poder.
La trayectoria política de Morales ilustra precisamente por qué son necesarios estos límites constitucionales. Elegido por primera vez en 2005, reelecto en 2009 bajo la nueva Constitución, y nuevamente en 2014, Morales intentó forzar una cuarta candidatura en 2019 a pesar de haber perdido un referéndum que explícitamente rechazó esta posibilidad. El resultado fue una crisis política que culminó con su renuncia en medio de acusaciones de fraude electoral y protestas masivas.
El intento de Morales por mantener su vigencia política, materializado en el fallido congreso de Lauca Ñ en octubre de 2023 —donde fue proclamado candidato único del MAS— y el posterior bloqueo de caminos, demuestra una resistencia a aceptar el fin de su ciclo político.
Esta actitud se ve agravada por las investigaciones que enfrenta tanto en Bolivia como en Argentina por presuntos delitos de trata y tráfico de personas, relacionados con menores de edad.
La decisión del Tribunal Constitucional no solo afecta las aspiraciones personales de Morales, sino que establece un precedente fundamental para la democracia boliviana.
Al limitar a dos periodos el ejercicio de cargos en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se fortalece el principio de alternancia y se previene la concentración excesiva de poder en una sola persona o grupo político.
La resolución del TCP no es un ataque personal contra el dirigente cocalero, sino una interpretación constitucional que busca proteger la salud democrática del país.
Los límites a la reelección son una salvaguarda esencial contra el personalismo político y garantizan la renovación periódica del liderazgo, fundamental para el desarrollo institucional.
Para Bolivia, esta decisión representa una oportunidad de maduración democrática. El país puede ahora concentrarse en fortalecer sus instituciones y en cultivar nuevos liderazgos que respondan a los desafíos del siglo XXI, sin la sombra de perpetuaciones en el poder que tanto daño han hecho a las democracias latinoamericanas.
El Movimiento Al Socialismo deberá encontrar nuevos rostros que puedan representar su proyecto político, mientras que la oposición tendrá la oportunidad de presentar alternativas viables para el futuro del país.
La decisión del Tribunal Constitucional marca así el fin definitivo de una era en la política boliviana. Ahora, todos los actores políticos, incluido el propio Morales, deberán aceptar esta realidad y trabajar en fortalecer la institucionalidad democrática, más allá de ambiciones individuales.
