La principal vía de ingreso de combustibles al país, el puerto chileno de Arica, se encuentra temporalmente inhabilitada debido a factores climáticos, pero Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene más de una alternativa para garantizar la seguridad energética.
Esta contingencia está lejos de ser crítica, pues, como se vio en marzo, cuando se superó un momento crítico por la merma eventual de flujo de diésel y gasolina, el Gobierno nacional tiene un sistema de respuesta idóneo a diferentes niveles y ante diversas contingencias, para evitar afectaciones de esta naturaleza. Como se recordará, el presidente Luis Arce y su gabinete lanzaron 10 medidas transitorias de corto plazo para paliar la ocasional falta de divisas que impidió importar volúmenes habituales, mientras, a la par, no se dejó de implementar varias estrategias de inmediato y mediano plazo y alcance.
Es sabido que, debido al descuido de la nacionalización de los hidrocarburos en los gobiernos de Evo Morales, se dejó de invertir en exploración y se dio lugar a una sentida merma en las reservas de hidrocarburos. Es sabido, también, que desde que asumió el presidente Arce se trabaja en dos medidas estructurales de solución: la reactivación del upstream —cuyo primer gran fruto es Mayaya—, y la industrialización de biocombustibles, que en los siguientes años permitirá al Estado sustituir alrededor del 80 % de la importación de combustibles fósiles.
Mientras ello ocurre, suelen presentarse diversas contingencias en este rubro, que requieren la atención inmediata: la referida merma de divisas de hace un par de meses, y los bloqueos del evismo en 2024. Ahora surge el problema climatológico, que tiene periódica recurrencia: no se pueden descargar los buques con combustible en la terminal boliviana de Sica Sica en el puerto de Arica cuando el oleaje supera los 1,5 metros. Se debe recalcar que esta vía concentra más del 40% del combustible demandado en el país; no obstante, su temporal inhabilitación ya está cubierta, de manera inmediata y permanente, con la llegada de cisternas cargadas de diésel y gasolina desde Argentina, Chile, Perú y Paraguay, desde donde regularmente arriban cantidades moderadas, pero que pueden acrecentarse —como ocurre ahora— cuando se dé la necesidad; y a futuro, otra solución de largo alcance: la consolidación de una segunda terminal marítima boliviana, esta vez en el puerto peruano de Mollendo, proyecto ya asegurado y en marcha.
En este panorama, no se debe dejar de lado otras gestiones de la estatal petrolera y del Ministerio de Hidrocarburos para evitar circunstanciales amenazas a la seguridad energética de los bolivianos: las mejoras logísticas, se simplificaron los mecanismos de ingreso y almacenaje de combustibles, se liberó la importación y comercialización de diésel por parte de privados para descongestionar la carga de YPFB, y se incidió en la lucha contra el desvío irregular de combustibles.
