Un mes sin sesiones plenarias en la Cámara de Diputados. Un mes en que los representantes del pueblo boliviano han decidido apartar sus responsabilidades constitucionales para dedicarse a sus aspiraciones electorales.
Esta parálisis legislativa, que ocurre a escasos tres meses de las elecciones presidenciales del 17 de agosto, constituye un inaceptable abandono de los deberes fundamentales que la ciudadanía les ha confiado mediante el voto popular.
El panorama actual resulta amargo: legisladores que solo acuden al hemiciclo cuando existen garantías de aprobar ciertos proyectos prioritarios, pero que brillan por su ausencia cuando se trata del trabajo cotidiano que exige el funcionamiento de un Estado.
Esta selectividad en el cumplimiento de sus funciones representa una grave distorsión del mandato constitucional que recibieron al asumir sus curules.
La agenda pendiente no es menor. En las gavetas de la Asamblea Legislativa duermen proyectos cruciales enviados por el Tribunal Supremo Electoral para garantizar la transparencia de las próximas elecciones: la ley del principio de preclusión, la normativa sobre transmisión de resultados electorales preliminares y la legislación sobre paridad en los binomios.
Ironía mayúscula: mientras se ausentan para impulsar sus candidaturas, los legisladores obstaculizan precisamente las herramientas que asegurarían la limpieza del proceso al que aspiran participar.
En el ámbito económico, la negligencia no es menos grave. Nueve créditos internacionales por un monto aproximado de 489 millones de dólares permanecen sin aprobación, fondos provenientes de instituciones como la CAF, Fonplata, el BID y el Banco de Desarrollo que podrían impulsar obras y programas esenciales para el desarrollo nacional.
¿Qué explicación darán estos representantes cuando los ciudadanos pregunten por las obras postergadas o los servicios no implementados debido a esta demora injustificada?
La Constitución Política del Estado es clara respecto a las obligaciones de los asambleístas, y ningún artículo contempla excepciones durante periodos electorales.
El juramento que hicieron al asumir sus cargos les compromete a cumplir con sus responsabilidades hasta el último día de su mandato, independientemente de sus aspiraciones futuras.
Las ambiciones políticas legítimas de quienes buscan otros cargos públicos no pueden servir como justificativo para abandonar las tareas que actualmente desempeñan.
Esta conducta constituye, en términos prácticos, una forma de malversación de la confianza ciudadana, un desvío inadmisible del propósito para el cual fueron elegidos.
La paralización del Órgano Legislativo en este momento crítico no solo afecta a la gestión gubernamental actual, sino que sienta un peligroso precedente para futuros procesos electorales.
Urge que los legisladores retornen inmediatamente a sus labores regulares, cumpliendo el calendario de sesiones establecido y dando prioridad a los proyectos pendientes. La ciudadanía debe exigir el pleno funcionamiento de la Asamblea Legislativa y ejercer su derecho democrático de fiscalización sobre quienes, habiendo jurado servir al pueblo boliviano, parecen servirse primero a sus intereses particulares.
Las elecciones del 17 de agosto representan una oportunidad crucial para el fortalecimiento democrático boliviano, pero este objetivo será inalcanzable si quienes deben garantizar su marco legal adecuado desertan de sus responsabilidades constitucionales.
