Es hora de defender los intereses del pueblo boliviano en el tema del litio, por encima de los intereses particulares, aquellos de políticos, analistas, fundaciones y dirigentes de la nueva y la vieja derecha que con bloqueos en el Legislativo y sabotajes a reuniones de socialización, sazonados con amenazas de movilizaciones, pretenden echar por tierra los contratos para la industrialización del oro blanco de los salares con una inversión de más de $us 2.000 millones de la rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC.
En el marco de la transparencia que marcó todo este proceso, el Gobierno y la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) avanzan con la socialización de los convenios. Por ello se organizó el Diálogo por la Unidad de Potosí, en el teatro IV Centenario de la capital de ese departamento, donde asambleístas de la oposición, excandidatos ediles y dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) intentaron boicotear el evento con grupos de choque, pero no conseguirán frenar este proceso.
La información fiel de los contratos desvirtúa todos los argumentos esgrimidos por estos intereses particulares. ¿Que los contratos son entreguistas? Es falso, porque respetan la Constitución Política del Estado y el marco normativo, que protegen el patrimonio y los recursos naturales y, lo más importante, garantizan que la mayoría de los réditos por la explotación y la industrialización del litio se queden en el país para el beneficio de los bolivianos, en toda la cadena que abarca desde la exploración hasta la comercialización.
¿Que la tecnología no es la adecuada y no hay beneficios? Otra mentira porque se probó científicamente que la extracción directa de litio (EDL) es el método adecuado por su rapidez y poca incidencia en el medioambiente; porque estos acuerdos permiten que al menos 51% de los ingresos por la venta de carbonato de litio se queden para las arcas estatales, además de regalías y un enorme movimiento económico para las regiones cercanas a los yacimientos más grandes del mundo, con 23 millones de toneladas.
¿Que los convenios son riesgosos para el país y los recursos hídricos cercanos a las futuras plantas?. De ninguna manera, los documentos indican que las eventuales fallas en cualquier fase de los proyectos serán asumidas plenamente por las firmas inversoras de Rusia y China, así que el Estado no arriesga ni un boliviano de su patrimonio. Y se realizaron estudios y monitoreos para garantizar la utilización sostenible de agua en todas las fases del proceso de industrialización de los recursos evaporíticos.
Pero los argumentos técnicos valen poco cuando la politización está de por medio, con maniobras proselitistas que quieren desestabilizar al gobierno de Arce, a las que poco les importa que es el momento en que Bolivia dé el salto a la industrialización del litio y no quede rezagada por los pasos dados por Argentina y Chile. Lo advirtió YLB, sin estos contratos, Bolivia puede quedarse al menos 10 años sin producción de carbonato de litio grado batería. Por ello es hora de priorizar los intereses del pueblo y del país.
