Con los cimientos de la democracia en peligro, el país enfrenta una crisis institucional sin precedentes, donde quien fuera un dirigente del Proceso de Cambio, el expresidente Evo Morales, se ha convertido en el principal protagonista de un intento de desestabilización que amenaza la paz social y el orden constitucional.
La denuncia formal realizada por la Cancillería boliviana ante la comunidad internacional pone en evidencia la gravedad de la situación. Los bloqueos de carreteras, eufemísticamente llamados "para salvar Bolivia", revelan su verdadera naturaleza: son acciones criminales que buscan asfixiar el país para satisfacer intereses personales, utilizando como escudo una supuesta reivindicación política.
Es particularmente preocupante que estas acciones desestabilizadoras surjan no de sectores tradicionalmente opositores, sino de quien ocupó la primera magistratura del Estado durante 14 años. La motivación de los bloqueos resulta aún más inquietante: la reactivación de una investigación judicial por un presunto caso de estupro, que debería dirimirse en los tribunales y no en las carreteras del país.
El gobierno del presidente Luis Arce ha demostrado mesura y disposición al diálogo, manteniendo los canales de comunicación abiertos incluso frente a la escalada de violencia. Sin embargo, la respuesta ha sido el recrudecimiento de los bloqueos y la aparición de grupos armados que amenazan con "derramamiento de sangre", una retórica que no tiene cabida en una sociedad democrática.
El saldo es desolador: efectivos policiales heridos, una economía en vilo, y millones de bolivianos que ven interrumpido su acceso a alimentos, medicamentos y combustibles. Estas no son las acciones de quien dice defender los intereses populares; son los métodos de quien antepone su impunidad personal al bienestar colectivo.
La comunidad internacional debe tomar nota de esta situación. No estamos ante una simple protesta social, sino frente a un intento deliberado de quebrar el orden constitucional utilizando métodos que rayan en el terrorismo económico.
La manipulación de la justicia que se busca mediante la presión callejera representa un peligroso precedente para el país.
El llamado del Gobierno boliviano a la vigilancia internacional llega en un momento crucial. La democracia en la región es un bien precioso que debe ser protegido, y Bolivia no puede convertirse en el escenario donde las ambiciones personales triunfen sobre el Estado de derecho.
Los bloqueos "criminales", como acertadamente los ha calificado el Gobierno, no son más que la expresión de una ambición personal desmedida que, al verse amenazada por la justicia, no duda en poner en jaque la estabilidad de todo un país.
La historia juzgará con dureza a quienes, habiendo jurado defender la Constitución, hoy promueven su ruptura por intereses personales y pretenden estar por encima de la ley.
El gobierno del presidente Arce ha dado un paso importante al denunciar internacionalmente estas acciones golpistas. Ahora corresponde a la comunidad internacional y a la sociedad boliviana en su conjunto respaldar la institucionalidad y el Estado de derecho frente a quienes pretenden someterlo a sus caprichos personales.
