El Ministerio de Gobierno ha sido claro: el expresidente Evo Morales disparó con un arma de fuego a varios policías que realizaban un control rutinario antidrogas en la carretera que atraviesa el municipio de Villa Tunari, y su vehículo atropelló a uno de ellos.
El dirigente cocalero, por el contrario, dijo que atentaron contra su vida la mañana del domingo 27 de octubre.
La reacción inmediata del presidente Luis Arce de ordenar una investigación exhaustiva sobre el presunto atentado demuestra la madurez institucional de un gobierno que, pese a las profundas diferencias políticas con su antecesor, mantiene su compromiso con el Estado de derecho y el rechazo a cualquier forma de violencia política.
Sin embargo, esta disposición gubernamental choca contra una realidad compleja que amenaza con convertir la investigación en un ejercicio inútil. El escenario del supuesto atentado, Villa Tunari, bastión político de Morales, se ha convertido paradójicamente en el principal obstáculo para esclarecer la verdad.
Los elementos que rodean al incidente despiertan más dudas que certezas. El video difundido del supuesto atentado, lejos de aclarar los hechos, genera interrogantes por su naturaleza editada y discontinua.
Los expertos en balística han señalado inconsistencias técnicas que sugieren un posible montaje: la concentración de impactos en zonas específicas del vehículo no corresponde con las consecuencias esperables de un ataque real, donde el conductor podía haber resultado inevitablemente herido o muerto.
La instrucción presidencial de realizar una "inmediata y minuciosa investigación" se enfrenta a un desafío formidable: ¿cómo investigar en una zona altamente conflictiva?
El momento del incidente tampoco puede ignorarse. Ocurre precisamente cuando el dirigente cocalero enfrenta serias investigaciones por presunto estupro y tráfico de personas, en medio de una crisis política que ha llevado a bloqueos y enfrentamientos.
La construcción de una narrativa de victimización podría ser una estrategia para desviar la atención de estos graves señalamientos.
Las palabras del presidente Arce sobre que "no es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas ni con especulaciones tendenciosas" adquieren un significado especial en este contexto. Parecen ser tanto una advertencia contra la violencia política como una referencia a posibles manipulaciones de la verdad con fines políticos.
La Cancillería ha reafirmado el compromiso del gobierno de Arce con la democracia y la convivencia pacífica, pero este compromiso requiere la cooperación de todos los actores políticos.
La sociedad boliviana merece conocer la verdad, sea cual sea. Si hubo un atentado real, sus perpetradores deben ser identificados y sancionados.
Si, por el contrario, se trata de un montaje político, como sugieren los primeros análisis técnicos, la opinión pública tiene derecho a saberlo.
El desafío para el Ministerio Público es mayúsculo: debe garantizar una investigación profesional y objetiva en un territorio prácticamente vedado para las fuerzas del orden.
La instrucción presidencial de investigar es correcta y necesaria, pero su éxito dependerá de la voluntad de todos los actores involucrados de permitir que la verdad —y no las especulaciones políticas— prevalezca.
