El reciente pedido de Evo Morales de recibir un resarcimiento de casi 2 millones de bolivianos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no solo es exorbitante, sino que representa una afrenta a la moral y la justicia en Bolivia.
El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, calificó acertadamente el monto solicitado como "exagerado" y cuestionó la base sobre la cual se sustenta dicha petición. Morales pretende recibir una indemnización por los supuestos sueldos, aguinaldos y vacaciones que hubiera percibido si hubiera sido elegido senador, un cargo al que ni siquiera pudo postular debido a su inhabilitación por no cumplir con el requisito de residencia.
Este reclamo desmedido no solo es una muestra de codicia y falta de principios, sino que también pone en evidencia la constante búsqueda de Morales por mantenerse en el centro de atención y causar controversia.
Es importante recordar que Morales ya recibe un sueldo del Estado en su calidad de expresidente, lo que, según la normativa vigente, le impediría recibir una doble remuneración. Esta situación demuestra una vez más su desprecio por las leyes y las instituciones democráticas.
El pedido de Morales no solo es una burla a los bolivianos de a pie, quienes luchan diariamente por salir adelante en medio de dificultades económicas, sino que también socava la credibilidad del sistema judicial y el Estado de derecho.
Es imprescindible que las autoridades competentes actúen con firmeza y rechacen categóricamente este intento de enriquecimiento ilícito.
El Tribunal Constitucional Plurinacional debe reconsiderar su fallo y evitar que se cometa una injusticia de tal magnitud.
Bolivia no puede permitirse ser rehén de los caprichos y ambiciones desmedidas de un líder político que ha demostrado, en repetidas ocasiones, su falta de respeto por las instituciones y la voluntad popular.
Evo Morales debe asumir su responsabilidad en los acontecimientos que llevaron al quiebre del orden constitucional en 2019 y dejar de lado sus pretensiones personales. Bolivia merece un liderazgo ético y comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos, no con intereses particulares o rencillas políticas.
