Para nadie es desconocido que muchas regiones en el país están siendo golpeadas por la sequía y en algunos casos por los incendios, sin embargo se ven imposibilitadas de movilizar recursos porque la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió paralizar en un claro “sabotaje a la economía” la aprobación del presupuesto general del Estado reformulado.
Con esto, una vez más queda demostrado que a muchos legisladores no les importa el desarrollo de las regiones que representan y solo velan por sus intereses político-partidarios y el lineamiento de su jefe, que no es otra cosa que “destruir el país”, bloqueando todo cuanto proyecto se presente con tal de que el gobierno de Luis Arce quede afectado.
Se olvidan o no quieren darse cuenta estos legisladores “radicales” y “opositores” que los principales afectados son los municipios, las gobernaciones y universidades en el país, y el hecho de que la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores haya aprobado con modificaciones el PGE reformulado no es otra cosa que “un sabotaje económico”.
Ante ello, surge la interrogante de que si ¿la actitud que tomaron los miembros de la Comisión, senadores Hilarión Mamani y Simona Quispe, de aprobar ese proyecto de normativa con modificaciones es porque desconocen de materia presupuestaria? o simplemente hay una intención de dilatar y de generar un caos para la utilización de estos recursos.
El miércoles 25 de octubre de 2023, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con ajustes el proyecto de Ley 464 de Modificaciones al PGE, por lo cual retornó a la Cámara de Diputados. Esta medida retrasa la vigencia de la norma que adiciona recursos en beneficio de los gobiernos locales.
Además imposibilita que se contrate a los trabajadores y así disminuye la inyección económica a través de la inversión pública.
El PGE reformulado adiciona un presupuesto consolidado de Bs 5.421 millones, de ese monto se destinarán Bs 868 millones a los gobiernos municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones. Entonces, queda claro que a la Asamblea Legislativa, más propiamente al Senado, no le importa el desarrollo de las regiones ni el bienestar de la ciudadanía.
En la actualidad, 140 municipios se declararon en desastre natural por efectos de la sequía y en algunos casos por incendios forestales, por lo tanto no cuentan con recursos económicos para poder atender estas emergencias que afectan a la población, pero esto no parece importarles a ciertos asambleístas del ala radical evista, aliados con Comunidad Ciudadana y de Creemos.
