Algunos actores políticos de derecha como el Comité Cívico pro Santa Cruz y el Colegio Médico de Bolivia no tienen solvencia moral para poner en tela de juicio al Sistema Único de Salud (SUS), que presta un valioso aporte y beneficios a los bolivianos. Sin duda, fue la mayor conquista social alcanzada durante la gestión del Gobierno nacional porque alberga a más de 8,2 millones de bolivianos que reciben múltiples atenciones de salud.
El principio del Sistema Único de Salud establece que la salud en el Estado Plurinacional de Bolivia es de carácter universal y gratuito, como derecho humano fundamental de todos los bolivianos, por lo que todos los establecimientos de salud públicos, desde el primer nivel hasta los hospitales de tercer nivel, tienen la obligación de prestar atención de salud a los afiliados.
En estos días, actores políticos cuestionaron su funcionamiento y beneficios consiguientes bajo argumentos deleznables como no paga hace varios meses a los centros hospitalarios públicos y privados para la atención a los pacientes con enfermedades renales a nivel nacional.
Las acusaciones tuvieron tintes políticos porque solo persiguen el objetivo de dañar la imagen del Gobierno nacional. Los cívicos cruceños y la entidad colegiada no tienen ninguna moral porque jamás presentaron un proyecto para mejorar el acceso a la salud del pueblo boliviano.
Las autoridades del Ministerio de Salud aclararon que cuenta con el presupuesto suficiente y paga puntualmente a los centros hospitalarios para garantizar la atención de los pacientes renales. El pago por los servicios se realiza de forma cuatrimestral, por lo que no hubo demora y las “denuncias” fueron apenas fuegos de artificio inconsistentes y demagógicos.
Una inspección in situ constató que los centros privados y públicos prestaron servicios de forma continua e ininterrumpida porque tienen un compromiso firmado con las autoridades del Ministerio de Salud. No se registraron ingresos a terapia intensiva ni complicaciones derivadas de falta de atención y los propios pacientes confirmaron que reciben el servicio en todo el país.
El convenio firmado entre las autoridades del Ministerio de Salud y los prestadores de servicios establece los plazos para el pago de estos, las características de la prestación y no se pueden interrumpir dichos servicios bajo ninguna circunstancia.
Este hecho demuestra que el Gobierno nacional tiene una política permanente y prioritaria hacia los enfermos renales y los pacientes en general y, desde marzo de 2019, los pacientes que requieren el tratamiento de hemodiálisis reciben una atención gratuita, cuentan con medicamentos y en ningún momento se cortó en los últimos siete años. Este es un compromiso permanente porque la atención de salud es una prioridad nacional.
El Gobierno nacional transfirió Bs 2.464 millones a hospitales de tercer nivel para la atención de los pacientes afiliados al SUS y realizó 322 millones de prestaciones de servicios de salud, lo que demuestra la magnitud de esta política y su impacto directo en la vida de millones de personas.
