La atención del Gobierno nacional a la seguridad alimentaria, y las innumerables gestiones y acciones, a diversos niveles, dispuestas para garantizarla, no pueden ponerse en tela de juicio por hechos aislados y de carácter particular. En ese sentido, el proceso judicial por presunta corrupción que enfrenta Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), no puede afectar la imagen ni ocultar el valioso aporte y los beneficios generados por esta firma estatal.
Si la utilidad y la necesidad de la empresa no están en duda, no debe cuestionarse su funcionamiento y beneficios consiguientes, que se sustentan en cuatro ejes correspondientes, a su vez, a cuatro áreas estratégicas clave para asegurar la producción y el flujo de alimentos básicos: i) industrialización: la estatal trabaja en directa relación con plantas clave como la de papa de El Alto y la de soya en San Julián (aceite), entre otras factorías que procesan y transforman productos básicos; ii) impulso al agro: para dotar de materia prima a estas plantas y para ofertar los productos en sus más de 100 tiendas y supermercados a nivel nacional, Emapa compra grandes cantidades de hortalizas, granos, cereales, tubérculos y otros a pequeños y medianos agricultores de todo el país; iii) seguridad alimentaria: la estatal tiene otro rol clave: acopiar y almacenar trigo, harina, arroz, aceite y maíz para regular la oferta y la demanda y, a la vez, gestionar la subvención para mantener los costos del pan, el pollo, el huevo y otros productos fundamentales de la canasta familiar; y iv) distribución: en tiempos en los que algunos industriales, intermediarios y comerciantes apelan al agio y la especulación, Emapa lleva productos a precios justos a sus sucursales en decenas de municipios y en camiones que circulan por barrios y ciudades intermedias.
Dicho esto, tampoco puede perderse de vista que aunque Emapa es uno de los brazos operativos fundamentales en este rubro, el Gobierno tiene una política permanente y de largo aliento para garantizar la seguridad alimentaria desde diferentes niveles y enfrentar así las incidencias de la crisis climática (y su afectación a los cultivos) y la especulación. Hay cuatro estrategias base: coordinación: se trabaja de manera conjunta con productores, industriales, intermediarios y comerciantes para blindar toda la cadena productiva-alimentaria; control: se cumple la CPE y la ley con medidas preventivas y punitivas contra el agio y la especulación, además, se refuerza el despliegue contra el contrabando a la inversa; suministro: se garantiza la distribución a precio justo mediante Emapa y las ferias Del Campo a la Olla; apoyo: se mantiene la subvención de insumos clave y programas de dotación de semillas y fertilizantes, así como la construcción de presas y de sistemas de riego tecnificado, a lo que se suma el seguro agrario.
