El Consejo Nacional de Autonomías, la máxima instancia de coordinación entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, tomó una decisión sin precedentes al declararse en estado de emergencia debido al bloqueo económico que enfrenta el país en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Esta determinación, lejos de ser un mero formalismo, representa una señal de alarma sobre la gravedad de la situación que atraviesa el país y sus regiones.
La resolución aprobada por unanimidad por el Consejo, con la presencia del presidente Luis Arce y 25 de sus 27 integrantes, incluidos siete gobernadores, es un claro reflejo del hartazgo y la preocupación ante la parálisis legislativa que está obstaculizando la aprobación de créditos vitales para la reactivación económica y el desarrollo de los territorios autónomos.
Hasta el momento, más de 900 millones de dólares en financiamiento externo se encuentran estancados en la Asamblea Legislativa, rehenes de un pacto entre legisladores evistas y opositores que condicionan su aprobación a intereses políticos ajenos al bienestar de la población.
Esta situación insostenible amenaza con frenar proyectos de inversión, generación de empleo y acceso a servicios básicos en todo el país.
El gobernador de Tarija, Óscar Montes, hizo un llamado contundente a los parlamentarios para que dejen de lado las diferencias políticas y prioricen el interés nacional.
El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, respaldó la demanda de aprobación de estos créditos y reconoció su importancia para la ejecución de proyectos y la reactivación económica.
La declaratoria de emergencia del Consejo de Autonomías no es un capricho ni una maniobra política, sino una señal inequívoca de que el bloqueo legislativo está arriesgando el desarrollo y el bienestar de millones de bolivianos en la amplia geografía nacional.
Es inaceptable que intereses particulares y pugnas de poder se antepongan al progreso de las regiones y al clamor de las comunidades por acceder a mejores servicios y oportunidades.
En este contexto crítico, es imperativo que la Asamblea Legislativa asuma su responsabilidad histórica y destrabe de manera urgente la aprobación de estas leyes económicas. El futuro de Bolivia y sus territorios autónomos está en juego, y no hay excusa válida para postergar más esta decisión.
El estado de emergencia declarado por el Consejo de Autonomías debe ser un llamado de atención para que todos los actores políticos prioricen el bien común y den curso a estos créditos que son vitales para el desarrollo nacional.
La parálisis no es una opción, y el costo de la inacción se pagará con el retraso del progreso y el sufrimiento de millones de bolivianos en todas las regiones del país.
