Las cifras estremecen e interpelan. En lo que va del año, Bolivia registra 78 feminicidios y más de 45.000 víctimas de delitos contra las mujeres, un panorama que revela la profundidad de una crisis que trasciende lo estadístico para convertirse en un grito de alerta social.
No se trata solo de números, sino de vidas truncadas, de historias silenciadas y de un tejido social que se resquebraja ante la sistemática vulneración de los derechos fundamentales.
El presidente Luis Arce lo ha manifestado con meridiana claridad: existe una deuda histórica con las mujeres que día a día luchan por su dignidad y seguridad. Pero esta deuda no es exclusiva del Estado, sino una responsabilidad colectiva que interpela a cada ciudadano, a cada institución, a cada estructura social.
La violencia de género no es un problema abstracto ni marginal. Permea todos los espacios: desde el hogar hasta las instituciones, desde la escuela hasta el trabajo.
Los datos son contundentes: más de 33.900 casos de violencia familiar, casi 3.400 de abuso sexual, más de 2.800 violaciones, y una escalofriante cifra de delitos contra niñas, niños y adolescentes. Cada número representa un dolor, una herida, un proyecto de vida interrumpido.
La geografía del dolor no conoce fronteras en Bolivia. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz lideran tristemente estas estadísticas, pero ningún departamento está exento de esta realidad. La violencia contra la mujer no es un problema de algunas regiones, sino un desafío nacional que requiere una respuesta integral y comprometida.
Construir un futuro de respeto, igualdad y justicia no es una consigna romantizada, es una obligación ética y social. Requiere transformaciones profundas que van más allá de las leyes, por importantes que estas sean.
Necesitamos una revolución cultural donde la violencia no tenga cabida, donde la diversidad sea celebrada, donde la dignidad de cada mujer sea un valor fundamental e innegociable.
La educación, la prevención, la sensibilización, el acompañamiento a las víctimas, la persecución efectiva de los agresores, son todos componentes de una estrategia que debe ser integral. No basta con condenar, hay que actuar. No basta con lamentar, hay que transformar.
El llamado del presidente Arce no puede quedar en la retórica. Es un desafío para cada familia, cada escuela, cada comunidad, cada institución. La construcción de una sociedad libre de violencia es una tarea colectiva que requiere el compromiso decidido de todos.
Las mujeres no piden privilegios, exigen derechos. No solicitan compasión, demandan respeto. No buscan ser salvadas, quieren ser protagonistas de sus propias vidas, libres, seguras, dignas.
Cada uno de los bolivianos tiene un rol en esta transformación. La violencia no es un destino, es una elección que como sociedad podemos y debemos rechazar. El futuro se construye hoy, con cada acción, con cada decisión, con cada gesto de respeto y solidaridad.
