El anuncio del Ministerio de Hidrocarburos sobre la continuidad de la subvención a los hidrocarburos para el año 2025 refleja una decisión gubernamental que, si bien garantiza la estabilidad de precios para los consumidores, plantea importantes desafíos para las finanzas públicas bolivianas.
Con una erogación semanal de 56 millones de dólares, el Estado asume una carga significativa para mantener los precios del diésel en Bs 3,72 y la gasolina en Bs 3,74 por litro.
Esta política de subvención, incorporada en el Presupuesto General del Estado 2025, actualmente en revisión en el Legislativo, evidencia la persistencia de un modelo económico que prioriza el control de precios en beneficio del pueblo sobre la liberalización del mercado.
Sin embargo, las cifras son preocupantes: Bolivia importa más del 50% de la gasolina que consume y un alarmante 86% del diésel, exponiendo una dependencia externa que fragiliza la economía nacional.
La situación se torna más compleja al observar la pronunciada caída en la producción nacional de hidrocarburos. La reducción de la producción petrolera de 18,6 millones de barriles en 2014 a apenas 8,6 millones en 2023, junto con la disminución del 40% en la producción de gas desde 2012, revela un sector energético en crisis que requiere acciones urgentes.
Es alentador observar que el Gobierno no permanece inactivo ante estos desafíos. La puesta en marcha de la planta de Biodiésel en Santa Cruz y la próxima inauguración de una instalación similar en El Alto sugieren un intento por diversificar la matriz energética y reducir los costos de la subvención.
Asimismo, el Plan de Reactivación del Upstream con sus 56 proyectos exploratorios representa una apuesta por recuperar la soberanía energética.
No obstante, cabe preguntarse si mantener esta política de subvención es sostenible a largo plazo. Si bien protege el bolsillo del consumidor en el corto plazo, podría estar postergando ajustes necesarios en la economía nacional.
La reciente liberación de la importación de combustibles para el sector agroindustrial podría ser un primer paso hacia una transición gradual hacia un modelo más sostenible.
El compromiso presupuestario para 2025 está sobre la mesa, pero el verdadero desafío radica en equilibrar la protección al consumidor con la necesidad de modernizar y hacer más eficiente el sector energético boliviano. El éxito de esta ecuación determinará no solo la salud de las finanzas públicas, sino también el futuro energético del país.
