El Ministerio Público pedirá 30 años de prisión, la máxima condena en Bolivia, para tres ministros de la golpista Jeanine Añez por su responsabilidad en la internación de armamento no letal a Bolivia: Arturo Murillo, de Gobierno; Fernando López, de Defensa, y Roxana Lizárraga, de Comunicación.
Las tres personas, sindicadas también de genocidio por la muerte de civiles desarmados en noviembre de 2019, coordinaron la internación de gases antidisturbios al país desde la República de Ecuador con el también acusado de genocidio Carlos Sánchez Berzaín.
Sánchez Berzaín, prófugo radicado en Estados Unidos, tiene cuentas en la justicia boliviana por la muerte de más de 60 personas en la crisis de septiembre y octubre de 2003, que concluyó con la renuncia y fuga del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El corrupto Murillo, López y Lizárraga incurrieron en los delitos de tráfico de armas e incumplimiento de deberes por el ingreso ilícito al país de los agentes químicos en calidad de préstamo desde Ecuador para reprimir protestas ciudadanas y consolidar el golpe de Estado de Añez.
El Ministerio Público, al pedir la máxima condena para los exfuncionarios, ha asegurado que tiene 115 pruebas documentales, 48 testificales y que está en su poder el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador —documento en el que figura un militar y un policía bolivianos— los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130 que transportó el material y la solicitud de ese país de la devolución de los agentes químicos.
Murillo está encarcelado por lavado de activos en Estados Unidos, López prófugo en Brasil y Lizárraga con trámite de asilo en Estados Unidos.
Junto a la exparlamentaria autoproclamada presidenta, los ministros de su primer gabinete, entre ellos Murillo, López y Lizárraga, firmaron el criminal Decreto Supremo 4078 por el cual se eximió de eventuales juicios penales las acciones de militares y policías que aplastaron con saña asesina las movilizaciones de civiles desarmados.
Después de un baño de sangre y la presión internacional, Añez proclamó la “pacificación del país” y dejó sin efecto el letal decreto.
Es importante que las acciones administrativas contrarias a la Constitución y las leyes sean sancionadas con todo el rigor de la justicia, como le ocurrió a Añez. Y Murillo, López y Lizárraga deben recibir, por el caso gases, la condena que la ley establece.
Sin embargo, el país manda que las muertes que ocurrieron en noviembre de 2019, en absoluta violación y desprecio de la vida y los derechos humanos, no queden en la impunidad.
