Una vez más, la sociedad se enfrenta a casos repugnantes de abusos sexuales contra menores perpetrados por miembros del clero católico.
Los recientes informes sobre las confesiones del sacerdote jesuita Luis María Roma Pedrosa, conocido como 'Lucho Roma', quien admitió haber abusado de cientos de niñas indígenas en Charagua, Santa Cruz, entre 1994 y 2005, son profundamente perturbadores y exigen una acción contundente.
Lo que hace que este caso sea aún más indignante es el encubrimiento y la pasividad de la Iglesia católica al manejar estas graves acusaciones.
A pesar de que los jesuitas investigaron los hechos desde 2019 y obtuvieron pruebas abrumadoras, incluidas confesiones escritas, videos y fotografías, optaron por guardar silencio y no informar a las autoridades competentes ni indemnizar a las víctimas.
Esta actitud de encubrimiento y falta de transparencia por parte de la Iglesia católica es inaceptable y socava la confianza pública en una institución que debería ser un ejemplo de moral y rectitud. En lugar de proteger a los vulnerables, la jerarquía eclesiástica ha elegido proteger a los pederastas, perpetuando un ciclo de abuso y trauma.
Es hora de que la Iglesia católica asuma plena responsabilidad por estos actos atroces y adopte medidas concretas para garantizar que se haga justicia. Todas las acusaciones de abuso sexual contra menores deben investigarse a fondo, y los culpables deben ser llevados ante la justicia sin dilación.
Además, la Iglesia debe brindar apoyo y compensación adecuados a las víctimas y sus familias, quienes han sufrido un daño incalculable.
Es imperativo que la Iglesia católica implemente políticas y protocolos estrictos para prevenir futuros abusos y garantizar la seguridad de los niños y jóvenes bajo su cuidado.
Esto incluye una capacitación exhaustiva para el clero y los miembros de la Iglesia, así como mecanismos de denuncia y supervisión efectivos.
La comunidad internacional también debe ejercer presión sobre la Iglesia católica para que aborde esta crisis de manera transparente y contundente.
Los Gobiernos y las organizaciones de derechos humanos deben exigir rendición de cuentas y colaboración total en las investigaciones y procesos legales.
Los abusos sexuales contra menores son crímenes atroces que no pueden ser tolerados ni encubiertos. Es hora de que la Iglesia católica abandone su cultura de silencio y encubrimiento, y se comprometa a proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad.
Las víctimas de Roma y Alfonso 'Pica' Pedrajas merecen justicia, y la sociedad merece respuestas y acciones concretas para prevenir que se repitan estos horribles actos.
