El Decreto Presidencial 5460, que beneficiará a cerca de 5.000 personas privadas de libertad, representa una medida humanitaria largamente esperada en un sistema penitenciario que desde hace años desborda sus límites.
El propio ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que el decreto busca reducir el hacinamiento carcelario, que hoy alcanza el 113%, con 33.200 internos en recintos cuya capacidad no supera las 15.600 plazas.
Más allá de las cifras, la decisión pone en el centro del debate una realidad estructural: las cárceles del país albergan a miles de hombres y mujeres que cumplen condenas por delitos menores o que ya han purgado buena parte de su pena, en condiciones muchas veces indignas.
El hacinamiento no solo vulnera derechos fundamentales, sino que agrava la violencia y dificulta la reinserción social, objetivo esencial de la justicia penal.
El indulto —que tendrá vigencia de un año— se aplicará bajo criterios claros y diferenciados: beneficiará a quienes tengan condenas de hasta diez años sin requerir el cumplimiento previo de la pena; hasta doce años con un tercio cumplido; y hasta quince años con la mitad cumplida.
Al mismo tiempo, excluye de manera estricta a quienes fueron condenados por delitos graves de corrupción, feminicidio, narcotráfico, violación o terrorismo, entre otros.
El objetivo principal de la norma es reducir el hacinamiento carcelario sin comprometer la seguridad ciudadana. En ese sentido, el beneficio no se aplicará a personas condenadas por delitos graves o de alta relevancia penal.
Se trata, por tanto, de una medida equilibrada, que conjuga humanidad y seguridad, dos principios que no deben excluirse.
No se trata de abrir las cárceles, sino de devolver a la sociedad a quienes ya demostraron voluntad de rehabilitación y no representan un peligro.
Este decreto no resuelve, por sí solo, la crisis penitenciaria del país. Sin embargo, es un paso hacia una política penal más justa y racional, que priorice la dignidad humana sobre la lógica del castigo perpetuo.
En un país donde la pobreza y la desigualdad son factores determinantes en el ingreso a prisión, el Decreto Presidencial 5460 —que será aplicado por Régimen Penitenciario y el Órgano Judicial, con acompañamiento del Ministerio de Gobierno— se inscribe en responsabilidad del Estado frente a un problema que no puede seguir siendo ignorado.
