La determinación de declararse incompetentes, tanto un Tribunal de Sentencia de El Alto y otro de Sacaba, deja a las víctimas en total indefensión y sin esperanzas de alcanzar justicia por la muerte de sus familiares. Escuchando justamente el clamor de justicia es que el Gobierno nacional —que no comparte la decisión de dos juzgados de declararse incompetentes para juzgar a la expresidenta de facto Jeanine Añez—presentó tres recursos que franquean la ley para revertir esa situación, en la línea trazada de justicia para las víctimas de los hechos de sangre de 2019.
El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto y el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba se declararon incompetentes en diferentes audiencias para juzgar por la vía penal a Añez por las masacres de Senkata y Sacaba, respectivamente, en noviembre de 2019.
A través del estatal Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), que es parte de los demandantes, el Gobierno presentó ante los juzgados de ambos casos los recursos de complementación y enmienda, como de apelación.
La presentación de estos recursos deja sin argumentos a varios opinadores que con versiones antojadizas e interesadas pretenden hacer ver que el Gobierno nacional busca la impunidad en estos casos, cuando la realidad es otra. La administración de Luis Arce está comprometida con el principio de justicia para las víctimas del golpe de Estado y de las masacres de Sacaba y Senkata, donde alrededor de 38 personas murieron por disparos de armas de fuego.
Añez se encuentra en la cárcel y con una sentencia de 10 años por violar la Constitución Política del Estado y el Reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional al autoproclamarse presidenta de Bolivia ipso facto, sin considerar las renuncias de los entonces mandatarios de Estado. También es procesada por las masacres de Sacaba y Senkata, porque los hechos se dieron bajo el amparo del decreto que eximía de responsabilidad penal a militares por los operativos para “restablecer el orden”.
El informe del GIEI determinó que hubo masacres y graves violaciones a los derechos humanos durante la gestión del régimen de facto, donde se perpetraron masacres, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, actos de racismo y graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia. Al menos 38 personas perdieron la vida por las masacres y hechos de violencia en diversos lugares del país, y centenares sufrieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.
Por todo ello el Gobierno nacional no cesará un solo momento en hallar justicia para las víctimas de Sacaba y Senkata.
