El pasado vuelve a ensombrecer la figura política de Evo Morales con acusaciones serias y perturbadoras que sacuden la conciencia nacional.
El informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2003 sobre los trágicos sucesos en el hotel Las Américas durante el mandato de Evo Morales (2006-2019) dejó al descubierto una dolorosa realidad: graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad bajo el manto del poder estatal.
El informe de la CIDH, contundente y exhaustivo, revela una oscura verdad que no puede ser ignorada ni subestimada. En 2009, en un operativo llevado a cabo por la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, tres extranjeros y dos bolivianos fueron ejecutados extrajudicialmente y torturados bajo la acusación de presuntos actos de terrorismo.
Estas acciones, lejos de representar la defensa de la seguridad interna, constituyen una afrenta a los principios más básicos de la justicia y los derechos humanos.
La gravedad de estos crímenes exige una respuesta firme y contundente del Estado boliviano. La apertura de una causa por parte de la Fiscalía, en cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, y al impulso de los sobrevivientes, marca un primer paso crucial hacia la búsqueda de la verdad y la justicia.
Morales argumentó que en el momento del operativo se encontraba en Venezuela y delegó la responsabilidad en el entonces vicepresidente, Álvaro García Linera. Sin embargo, reconoció haber dado la orden de intervenir el hotel, alegando riesgos para la seguridad interna.
Ahora que la Fiscalía abre una causa en línea con las recomendaciones de la CIDH, el expresidente adopta un tono desafiante al afirmar que no acudirá a declarar cuando sea convocado.
A pesar suyo, sin embargo, el exgobernante tiene el deber moral y legal de responder ante la justicia y cooperar plenamente con la investigación.
Y ahora, la verdadera prueba de compromiso con los derechos humanos por parte del Estado boliviano radica en la determinación de llevar a los responsables ante la justicia, sin importar su posición o afiliación política.
Es inaceptable que se pretenda escudar estos crímenes bajo prescripciones legales o eximentes de responsabilidad penal. Las víctimas y sus familias merecen justicia, y la sociedad boliviana exige respuestas claras y transparentes.
El Estado no puede eludir su responsabilidad de investigar a fondo estas violaciones y garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia.
La memoria de las víctimas y el respeto a los derechos humanos están en juego. Bolivia enfrenta un desafío histórico que debe abordarse con valentía y determinación. La impunidad no puede ser una opción.
