El gobierno del presidente Luis Arce cumple el precepto de trabajar de manera conjunta y coordinada con todos los sectores de la sociedad boliviana y, en ese contexto, honra sus compromisos asumidos, tal es el caso del suscrito con el sector del empresariado boliviano.
Trabajo conjunto por el bien de Bolivia y de los bolivianos. El Gobierno nacional ya cumplió con ocho de los 10 puntos de una agenda de trabajo conjunto pactada con los empresarios privados. Se sentaron las bases para avanzar en diferentes áreas hacia la generación de recursos y la consecuente profundización de la industrialización con sustitución de importaciones y del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
Es importante destacar que en todo momento de este debate bilateral con el sector privado —así como ocurre en otros escenarios y con diferentes interlocutores— se avanzó bajo una certeza: el respeto del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
Sin perder de vista que la prioridad es la coordinación permanente con los movimientos y organizaciones sociales, que representan al pueblo con la máxima legitimidad, es fundamental la apertura a dialogar y diseñar proyectos conjuntos con el sector emprendedor.
De los 10 puntos, dos están pendientes: el tema de la carga, es decir la ley de modernización del transporte de carga en Bolivia, y el referido a la subasta de diésel con grandes compradores; los restantes ocho puntos fueron cumplidos.
El primer punto cumplido del acuerdo fue la liberación de exportaciones con agilización de trámites. El 20 de febrero se entregaron 34 certificados de abastecimiento interno a precio justo (CIPJ) a las industrias oleaginosas para viabilizar su comercio externo.
También se cumplió con una iniciativa para generar la circulación de dólares, con la emisión de bonos en esta divisa por parte del Banco Central de Bolivia (BCB). Hasta el 10 de este mes, la colocación del bono alcanzó $us 53,4 millones.
Otros puntos cumplidos son la inversión para potenciar la tecnología agropecuaria de precisión, mediante el programa Agro; la devolución de Cedeim, viabilizada la semana pasada mediante decreto supremo; incentivos tributarios para la compra de vehículos Flex Fuel e híbridos; la modificación del reglamento de tasas de interés, comisiones y tarifas: la ASFI estableció una banda de 5 % a 10 % en el cobro de comisiones para transferencias y giros al exterior por montos superiores a los $us 1.000; promoción de la inversión privada en plantas de biodiésel: se emitió un decreto; y la agilización de la importación de diésel para empresas privadas: YPFB ya trabaja en disposiciones específicas.
Los empresarios en diferentes áreas industriales y productivas son aliados estratégicos para apuntalar la industrialización con sustitución de importaciones.
