La inminente extradición de Maximiliano Dávila a Estados Unidos representa más que un simple proceso judicial. Es un paso fundamental para desenmascarar las redes de corrupción que durante años operaron desde las entrañas mismas de las instituciones bolivianas encargadas de combatir el narcotráfico.
Los datos son contundentes. Dávila, quien fuera jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) durante el gobierno de Evo Morales, no solo está acusado de colaborar con organizaciones de narcotráfico, sino que se le vincula directamente con la "exportación" de aproximadamente 100 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Una cifra que no es un error burocrático, sino un verdadero plan criminal sistemático.
Utilizando su conocimiento y contactos, el exoficial era el encargado de coordinar el movimiento de aeronaves de alta gama que salían desde pistas clandestinas en el departamento de Beni, en el norte de Bolivia, hacia Centroamérica con destino final a Estados Unidos.
La investigación oficial ha revelado un entramado donde Dávila, en lugar de combatir el narcotráfico, era parte fundamental de su estructura. Utilizando su posición en la FELCN, transformó lo que debería ser una institución dedicada a la lucha contra las drogas en una verdadera plataforma de operaciones criminales.
Resulta sintomático el nerviosismo de Evo Morales y sus seguidores ante este proceso. Su reacción no es casual: representa el temor de que la extradición destape una red de complicidades que va más allá de un simple funcionario.
Es la posibilidad de que la justicia norteamericana revele los entresijos de sus vínculos con altas esferas de la administración gubernamental de Morales.
La justicia boliviana ha dado un paso firme. El Tribunal Supremo, mediante el Auto Supremo 337/2024, no solo ordenó la extradición, sino que envió un mensaje contundente: ningún funcionario está por encima de la ley.
Las acusaciones son graves: asociación delictuosa relacionada con narcotráfico y portación ilegal de armas. Delitos que en Estados Unidos pueden significar hasta 20 años de prisión.
La extradición no es una venganza, es un acto de responsabilidad internacional.
El exjefe policial, que tenía el grado de coronel, fue aprehendido el 22 de enero de 2022, cuando intentaba escapar del país por la fronteriza Villazón a Argentina.
Por información para su captura, la DEA ofreció en su momento una recompensa de $us 5 millones.
Ahora su destino será enfrentar la justicia en un país con sistemas judiciales mucho más transparentes y rigurosos.
El caso Dávila exige depurar las instituciones y reconstruir un Estado donde la ley sea igual para todos, sin importar el cargo o la influencia política.
La extradición está lista. Solo se espera un avión estadounidense que lo traslade a Nueva York.
