El retorno de la fuerza pública al trópico de Cochabamba no puede ser un acto de improvisación, sino un proceso planificado que garantice la seguridad tanto de los efectivos policiales como de los habitantes de la región.
La decisión del Gobierno nacional de convocar a los alcaldes locales marca un punto de inflexión en un conflicto que ha dejado al territorio en una peligrosa zona de abandono institucional.
Los antecedentes son preocupantes. El 29 de octubre, la totalidad de los efectivos policiales se replegaron luego de sufrir amenazas directas de grupos radicales, que no solo atentaron contra su integridad física mediante explosivos y armas, sino que pusieron en riesgo la estabilidad institucional de la región.
Los bloqueos y la violencia generaron un precedente alarmante que no puede repetirse.
Es fundamental recordar los momentos de tensión vividos durante las protestas de los seguidores de Evo Morales, cuando hubo un riesgo real de que los cuarteles fueran tomados y las armas de los militares, requisadas.
Aunque ese escenario extremo no se concretó, dejó una huella altamente peligrosa sobre la imagen de conflictividad del trópico de Cochabamba.
El Gobierno acierta al establecer condiciones claras para el retorno policial. La exigencia de destinar recursos municipales para garantizar condiciones dignas de habitabilidad y trabajo no es un capricho burocrático, es lo que marca la ley, y es, además, una necesidad estratégica para reconstruir la confianza institucional.
La Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana no es letra muerta. Obliga a las alcaldías a invertir al menos el10% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos en seguridad.
Es un mandato legal que ahora se convertirá en una herramienta fundamental para la reconstrucción del tejido social en una zona históricamente marcada por el narcotráfico y la violencia.
El trópico de Cochabamba necesita más que presencia policial. Requiere un proyecto integral de recuperación institucional, donde la seguridad sea el resultado de un compromiso colectivo, no de la imposición momentánea.
La reunión entre el Gobierno y los alcaldes no debe ser solo un encuentro administrativo. Tiene que constituirse en el primer paso para restablecer el Estado de derecho en un territorio que clama por normalidad y paz, a pesar de la beligerancia a la que somete Evo Morales a los productores de la hoja de coca.
La seguridad no se decreta. Se construye con responsabilidad, diálogo y compromiso.
