El expresidente Evo Morales ha demostrado una vez más su desprecio por las instituciones y leyes del país que una vez dirigió.
Sus acciones, reveladas por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ponen de manifiesto una estrategia que prioriza sus ambiciones personales por encima del orden constitucional y la estabilidad nacional.
Morales, quien declaró su intención de volver al poder "sea como sea", dirigió un pliego de demandas al gobierno del presidente Luis Arce, exigiendo, entre otras cosas, algo inaudito: que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconozca su controvertido congreso de Lauca Ñ y retire la sanción impuesta al Movimiento Al Socialista (MAS) por incumplir su estatuto.
Estas exigencias no solo son improcedentes, dado que el TSE es un órgano independiente fuera de la jurisdicción del Ejecutivo, sino que también revelan un patrón de comportamiento que busca socavar las instituciones democráticas del país.
El hecho de que Morales dirija estas demandas al Gobierno y no al TSE demuestra su falta de respeto por la separación de poderes y su aparente creencia de que puede manipular las instituciones a su antojo.
Esta actitud no solo es peligrosa para la democracia boliviana, sino que también sienta un precedente alarmante para quienes se consideren que están por encima de la ley.
El congreso de Lauca Ñ, que Morales busca validar a toda costa, fue rechazado por el TSE debido a múltiples violaciones del estatuto del propio MAS.
La insistencia del exgobernante en su reconocimiento, incluso después de que su apelación fuera rechazada, muestra un desprecio flagrante por los procesos democráticos y las decisiones de las autoridades electorales.
El Tribunal Supremo Electoral ha dejado en claro que no existen trámites pendientes respecto al congreso de Lauca Ñ, donde Morales fue reelegido como líder del MAS y candidato presidencial sin el consenso de las organizaciones del Pacto de Unidad.
Pero lo que preocupa es la amenaza del dirigente de ejercer medidas de presión si sus demandas de validar esa reunión política no son satisfechas.
Esta táctica de presión no solo pone en riesgo la estabilidad económica del país, sino que también demuestra una disposición a perjudicar a los ciudadanos bolivianos en aras de sus ambiciones personales.
Este no es un acto de simple presión política. El cocalero no busca diálogo ni consenso, lo que pretende es forzar un cambio en el panorama electoral a su favor, desafiando la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.
Desde su marcha hacia La Paz se ha visto que sus verdaderas intenciones no tienen que ver con los 16 puntos de su pliego que presentó como bandera de lucha, sino con generar un escenario de caos que le permita anticipar elecciones y asegurar su regreso al poder.
En su estrategia, Morales está dispuesto a sacrificar la estabilidad económica de las familias bolivianas con bloqueos, "cerco a las ciudades" y a una “guerra civil”, lo que grafica la gravedad de la situación.
Este tipo de amenazas evidencia su intención de doblegar las instituciones democráticas y desacreditar cualquier instancia que no se alinee con sus intereses.
