Las declaraciones del papa Francisco en Bruselas para exigir que no se encubran los abusos y que se juzgue a los abusadores resuenan con una fuerza particular en un mundo católico aún conmocionado por décadas de escándalos de abuso sexual.
Sin embargo, estas palabras, aunque necesarias, llegan tarde para miles de víctimas cuyas vidas han sido irremediablemente marcadas por la tragedia del abuso clerical y el encubrimiento institucional.
La situación es, sencillamente, desgarradora. Miles de niños en todo el mundo católico han sufrido agresiones sexuales bajo el manto de una institución que debería haber sido su refugio y protección.
Más trágico aún es que estos crímenes se perpetraron no solo con el silencio, sino a menudo con la complicidad activa de la jerarquía eclesiástica.
Bolivia no ha sido inmune a esta crisis global. El caso de nuestro país es particularmente doloroso, pues ejemplifica cómo la impunidad puede arraigarse profundamente en contextos donde la Iglesia goza de un poder e influencia significativos. Durante años, denuncias de abusos fueron sistemáticamente ignoradas o silenciadas, lo que permitió que los perpetradores continuaran sus acciones sin enfrentar consecuencias.
El llamado del Papa a los obispos para que no oculten los abusos sexuales suena casi como una admisión tácita de que este encubrimiento ha sido una práctica generalizada. Es un reconocimiento tardío de una realidad que las víctimas y sus defensores han estado gritando durante décadas.
La exhortación a juzgar a los abusadores, sean "laicos, laicas, sacerdotes u obispos", es un paso en la dirección correcta. No obstante, para que estas palabras tengan significado, deben ir acompañadas de acciones concretas y cambios estructurales profundos dentro de la Iglesia.
En Bolivia, como en muchos otros países, la justicia para las víctimas de abuso clerical ha sido esquiva. La influencia de la Iglesia en la sociedad y la política ha servido a menudo como un escudo contra la rendición de cuentas.
El papa Francisco habla de sacar el mal a la luz, pero este proceso debe ir más allá de las confesiones individuales. Se necesita una apertura total de los archivos de la Iglesia, una cooperación plena con las autoridades civiles y un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, la Iglesia debe abordar las estructuras de poder y la cultura del secretismo que han permitido que estos abusos continúen durante tanto tiempo.
El celibato obligatorio, la falta de participación de las mujeres en posiciones de liderazgo y una teología que a menudo ha priorizado la reputación institucional sobre el bienestar de los fieles son temas que requieren una revisión seria y profunda.
Para las víctimas en Bolivia y en todo el mundo, las palabras del Papa, aunque bienvenidas, pueden sonar huecas si no van seguidas de acciones concretas. Cada día que pasa sin una justicia real es un día más de sufrimiento para aquellos cuyas vidas han sido destrozadas por el abuso.
La Iglesia católica se encuentra en un momento crítico. Su capacidad para enfrentar honestamente este oscuro capítulo de su historia y tomar medidas decisivas para prevenirlo en el futuro determinará su relevancia y credibilidad en las próximas décadas.
