Los banqueros acumularon millonarias utilidades en lo que va del Gobierno del MAS, incluso en esta compleja coyuntura económica, sin embargo, y contrariamente a lo que se podría pensar, se oponen a una iniciativa que busca dar un alivio, no condonación, a sus deudores de vivienda social y micro y pequeños empresarios.
Esta oposición, a la que se suman coincidentemente los sectores de oposición política y empresarios, no se explica si miramos sus millonarias cifras de ganancias. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) reveló que las entidades de intermediación financiera incrementaron sus utilidades en 99% en los últimos cinco años.
Pasaron de Bs 872 millones en agosto de 2020 a Bs 1.742 millones en agosto de 2025, pero el año de mayores ganancias o utilidades fue en 2024, cuando lograron $us 389 millones, la más alta en las últimas dos décadas. La bonanza de la banca tiene, entonces, un sostenido crecimiento que nadie discute ni cuestiona.
Sin embargo, sí se puede, por lo menos observar, esa falta de empatía y acompañamiento de iniciativas como al proyecto de Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias en Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos para Vivienda de Interés Social y Créditos a Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña.
Esta norma fue planteada por el Gobierno central y es una respuesta a una situación difícil que pasan estos dos sectores de prestatarios. Entre 2020 y 2024, la mora en la microempresa pasó de 1,8% a 3% y de vivienda de interés social subió del 1% a 3,7% a julio, lo que refleja su vulnerabilidad frente a la coyuntura económica.
El contenido del proyecto —que fue aprobado en Diputados y ahora está en manos del Senado— no compromete la estabilidad del sistema financiero, ya que no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios y las entidades financieras. Se trata de una disposición temporal, específica y focalizada a determinados tipos de crédito.
Durante los seis meses de vigencia de la norma, las entidades financieras no podrán ejecutar embargos ni garantías sobre créditos de vivienda social, ni tampoco ejecutar sentencias judiciales por la mora en el pago de los créditos.
“Quedan suspendidas en todo el territorio nacional las órdenes judiciales de embargo, así como la ejecución de sentencias, remates, desapoderamientos y otras medidas judiciales que puedan afectar o recaer sobre los bienes objeto de garantía o de titularidad de los demandados o ejecutados”, refiere el artículo 2 de la propuesta.
El artículo 5 prevé que el diferimiento no implicará anatocismo (intereses sobre intereses), ni acumulación de cuotas, tampoco modificaciones en las pólizas de seguros vinculadas a los créditos. Los prestatarios deberán reanudar sus pagos una vez concluido el plazo de gracia, en las mismas condiciones en que fueron pactados originalmente.
El impacto alcanzará al 3% de todo lo que es la cartera de créditos, según datos oficiales. Los beneficiarios representan un pequeño porcentaje, empero el efecto será importante porque protege el derecho a la vivienda y permite mantener la actividad de micro y pequeñas empresas.
Los banqueros debieran tener sensibilidad, más cuando no serán afectados en sus ingresos, porque solo serán diferidos por seis meses. La Real Academia de la Lengua (RAE) define la avaricia como “un afán desmesurado de acumular riquezas y escatima exageradamente en lo que gasta o en lo que da”.
