Actores políticos de la oposición y el evismo continúan con su campaña de mentiras y poner trabas para deslegitimar o boicotear las elecciones generales del 17 de agosto, con una serie de maniobras como la presentación de acciones judiciales para inhabilitar candidatos presidenciales, denuncias de fraude y amenazas de contar muertos en lugar de votos.
Los medios de comunicación y las redes sociales dejaron correr torrentes de tinta e imágenes sobre las operaciones políticas de la oposición que van desde las advertencias de los cocaleros del Chapare que “sin Evo en la papeleta no hay elecciones” y las amenazas de la desahuciada candidata de PAN-BOL, Ruth Nina, que en las elecciones “se contarán muertos en vez de votos”.
Hace poco, algunos medios de comunicación difundieron una información poco confiable, y hasta risible. Evo Morales denunció que el gobierno de Luis Arce prepara un fraude en las elecciones con el apoyo de 20 expertos extranjeros, a la cabeza del imperio, para favorecer al candidato del MAS. ¿Alguna prueba?, ¿algún dato certero, concreto y verificable? Ninguno.
El “evismo” también hizo correr la “noticia”, salpicada por caracteres de escándalo y espectacularidad, que un vocal del Tribunal Supremo Electoral recibió, a través de un banco en Panamá, $us 30.000 para inhabilitar la candidatura del expresidente Evo Morales. La “información” circuló en las redes sociales, pero fue ignorado por los medios de comunicación porque era “jalado de los pelos” y hasta ingenua.
Como parte de estas operaciones, Marlene María Sierra Terán presentó una acción popular en Beni para inhabilitar las candidaturas de: Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y Rodrigo Paz (PDC), además de los alcaldes y postulantes presidenciales: Eva Copa (Morena), Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) y Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo).
La acción judicial fue desestimada bajo el argumento de “quienes ocupen cargos electivos en general, no necesariamente deberán renunciar tres meses antes para postular a un cargo electivo”, establecido en la Sentencia Constitucional 032/2019; además, rige el principio de preclusión que ampara cualquier proceso electoral y las decisiones del Órgano Electoral.
Como la cereza en la torta, Ruth Nina, representante de PAN-BOL y aliada de Evo Morales, amenazó que en las elecciones generales del 17 de agosto "se contarán muertos en lugar de votos". Lo paradójico del asunto es que Nina en el pasado llamaba “dictador” a Evo Morales y ahora es su fiel defensora. Por estos exabruptos, ahora es acusada de varios delitos como amenazas e instigación pública a delinquir y obstaculización de procesos electorales.
A pesar de estas acciones desestabilizadoras, el Gobierno nacional, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional garantizan la realización de las elecciones con transparencia, credibilidad y certidumbre porque están imbuidos de un alto espíritu democrático, son respetuosos de la constitución y el derecho del pueblo de elegir a sus nuevas autoridades cada cinco años.
AEP
