Rogelio Mayta, ministro de Relaciones Exteriores, abogado, docente universitario y activista de derechos humanos de dilatada trayectoria fue propuesto por el presidente Luis Arce como magistrado para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
De darse una respuesta positiva, lo dijo el Jefe de Estado, habrá una nueva persona a cargo del despacho de Exteriores.
El órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter permanente, supranacional y comunitario, fue instituido para declarar la legalidad del derecho comunitario y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los países miembros.
El Tribunal lo integran cuatro magistrados, uno por cada país del bloque.
Hugo Gómez Apac es presidente del órgano supranacional y representa a Perú.
Íñigo Salvador Crespo es magistrado principal de Ecuador; Sandra Catalina María Charris Rebellón, de Colombia; y hasta hace poco representaba a Bolivia Gustavo García Brito.
García Brito, a quien la Cancillería le abrió un procedimiento por "actuaciones anómalas", fue designado en el cargo, también de forma anómala, durante el gobierno golpista de Jeanine Añez (2019-2020).
El magistrado votó en contra de los intereses bolivianos el 17 de julio de este año.
El organismo judicial de la CAN dictó una sentencia en favor de Perú en su demanda contra Bolivia por cobros adicionales en combustibles para transportistas internacionales.
El fallo, impugnado por el Ejecutivo, obliga al país, por una parte, a vender combustible a precio subvencionado a vehículos con matrícula extranjera y, por otra, si se confirma su vigencia, abriría una peligrosa puerta al contrabando del carburante.
El tema del combustible está vinculado a la soberanía nacional, a la reserva energética y al presupuesto que destina el Estado al subsidio de los hidrocarburos en beneficio del pueblo boliviano.
Desde hace más de tres lustros, los bolivianos tenemos uno de los precios más baratos de combustibles de toda la región. Mantener los precios congelados es una política que se cumple en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
Es importante que el futuro representante boliviano ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones sea idóneo, con méritos y trayectoria profesional.
