Bolivia se ha visto sacudida por una crisis que pone en tela de juicio no solo la integridad personal de un líder político, sino también los valores fundamentales de nuestra sociedad.
Las denuncias de estupro y trata y tráfico de personas contra Evo Morales han desatado una ola de indignación que crece día a día a nivel nacional como internacional. Y es profundamente preocupante observar cómo, frente a estas graves acusaciones, la respuesta ha sido convocar a un bloqueo de caminos.
Esta acción no solo representa un intento desesperado de desviar la atención de las serias denuncias en su contra, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica y social del país.
Resulta alarmante que se pretenda arrastrar al movimiento indígena, al movimiento campesino y al movimiento popular a una causa que no les pertenece. Estos movimientos, que históricamente han luchado por la justicia y los derechos de los más vulnerables, ahora se ven en la encrucijada de defender lo indefendible o mantenerse fieles a sus principios.
La gravedad de las acusaciones contra Morales no puede ser minimizada ni ocultada tras cortinas de humo políticas.
El respeto a los menores de edad y la lucha contra la violencia machista son pilares fundamentales de cualquier sociedad que se precie de ser justa y equitativa. Ningún líder, por más influyente que haya sido, puede estar por encima de la ley cuando se trata de delitos tan serios.
Es hora de que la sociedad boliviana en su conjunto reflexione sobre el legado que quiere construir. ¿Seremos un país que permite que los poderosos eludan la justicia a costa del bienestar colectivo? ¿O nos mantendremos firmes en nuestros principios éticos, exigiendo que todos, sin excepción, respondan por sus actos ante la ley?
El llamado a un bloqueo nacional no solo es un acto de irresponsabilidad política, sino también una afrenta a las víctimas de estupro y trata de personas y a todos aquellos que luchan diariamente contra la impunidad. Bolivia merece líderes que estén a la altura de sus desafíos morales, no aquellos que se esconden tras las masas para evadir su responsabilidad.
Es urgente que las instituciones de justicia actúen con independencia y rigor, que la sociedad civil mantenga su voz crítica y vigilante, y que los movimientos sociales recuerden su verdadera misión: la defensa de los derechos y la dignidad de todos los bolivianos, especialmente de los más vulnerables.
En este momento, Bolivia debe elegir entre la impunidad y la justicia, entre el retroceso moral y el progreso ético. La decisión que tomemos hoy definirá el tipo de sociedad que seremos mañana.
