El senador evista Leonardo Loza, de forma irresponsable y tal como está acostumbrado, “denunció” que el Gobierno nacional prepara un “fraude monumental” para las elecciones generales del 17 de agosto. Esta es una disparatada teoría a la que acudieron la derecha en el golpe de Estado de 2019 y otros actores sociales con fines inconfesables.
El legislador fue más allá, pues dijo tener información que para consumar dicha acción el Gobierno buscará atentar contra la institucionalidad de la Policía, para que cuando el pueblo se levante para hacer respetar su voto, tendrán todo controlado.
¿Y las pruebas? Como siempre, ninguna. Loza y el “evismo” dejan correr con anticipación la narrativa del fraude ante la inhabilitación de Evo Morales o la catastrófica derrota del “evismo” en las elecciones. Con antelación “abren el paraguas” porque la denuncia no tiene asidero y fue recogida o inventada en corrillos oscuros. Si tiene pruebas, debe presentar ante las instancias judiciales para una investigación.
Lo que olvida el legislador “evista” es que la derecha utilizó el mismo discurso de “fraude monumental” luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, pues el expresidente Carlos Mesa acuñó ese discurso. También está alineado con el discurso del empresario Marcelo Claure, que escribió en sus redes sociales: “¡Están planeando un gran fraude! Es la única manera que tienen de sobrevivir y no terminar mal”.
Todos los actores políticos, en esta coyuntura electoral, deben guiarse con responsabilidad y honestidad en sus declaraciones porque la difusión de noticias falsas daña la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, que se comprometió con el pueblo a organizar un proceso electoral, limpio, transparente, competitivo y técnicamente confiable. Trabaja para tener un padrón electoral biométrico sin observaciones y en la instalación de transmisión rápida de resultados electorales preliminares (TREP).
El “evismo” hace esta denuncia de “fraude monumental” porque está desesperado y se muestra impotente ante la Sentencia Constitucional 1010/2023, que establece que la reelección indefinida no existe y no es un derecho humano, por lo que el presidente, vicepresidente y asambleístas pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua o discontinua, no siendo posible pretender posterior a ello volver a candidatear.
La prohibición de la reelección presidencial indefinida busca evitar que una persona se perpetúe en el poder, y, de este modo, asegurar el pluralismo político, la alternancia en el poder, así como proteger el sistema de frenos y contrapesos que garantizan la separación de poderes. La reelección por una sola vez, ya sea continua o discontinua, materializa el estado plural en lo político, respeto a la alternancia y la dinamicidad política, evitando el anquilosamiento perjudicial para la sociedad.
El Órgano Electoral es una institución segura y confiable y las denuncias de fraude de parte de actores políticos irresponsables no tienen fundamento en hechos reales y son simples declaraciones sin mayor trascendencia y sin importancia.
