El Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, ratificó la alianza entre el gobierno del MAS y la clase trabajadora liderada por la Central Obrera Boliviana (COB), con un llamado a la unidad para la defensa de las conquistas sociales de las últimas dos décadas, ante los aprestos de la derecha para intentar ganar las elecciones de agosto y resucitar el modelo neoliberal que, entre 1985 y 2005, trajo privatizaciones, pobreza, desempleo, la entrega de los recursos naturales y la pérdida de los derechos laborales.
En el acto central en Tarija, fue el pre- sidente Luis Arce quien remarcó que la unidad de los trabajadores, del pueblo organizado, es la única arma para hacer frente al sistema capitalista y al neoliberalismo que, disfrazado y maquillado, pretende convencer a los bolivianos con las mismas propuestas del pasado y con políticos que representan a la visión privatizadora y entreguista que en agosto se enfrentará a la visión enarbolada por el MAS, con la industrialización y el Estado como protagonista de la economía.
La política económica y social del Gobierno tiene precisamente a la clase trabajadora como una de sus prioridades. Así lo demuestra la atención al pliego petitorio de la COB y los acuerdos recientes en cuatro mesas de trabajo, con medidas para lo económico, lo productivo y la salud, entre las que sobresale la determinación para un aumento de 10% al salario mínimo nacional —que subió de Bs 2.500 a Bs 2.750— y de 5% al haber básico en los sectores de salud, educación, la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).
El alza salarial para proteger el ingreso de los bolivianos, para que no pierda su poder adquisitivo, es una máxima de la gestión de Arce. En cuatro años, incrementó el salario mínimo nacional (SMN) en Bs 628, de los Bs 2.122 en 2020 a los Bs 2.750 actuales, garantizando la estabilidad económica. Más aún, en el anterior gobierno del MAS, de 2006 a 2019, imperó también esta política: el SMN subió de Bs 440 a Bs 2.122, cuando en la era neoliberal este aumento fue magro: de Bs 120 a Bs 440, entre 1991 y 2005.
Otra de las metas del Gobierno es la creación de fuentes laborales, con la ampliación de la base trabajadora. Una evidencia de lo conseguido está en la caída de la tasa de desocupación urbana, que en 2020, en el mandato inconstitucional de Jeanine Añez, subió a un preocupante 10,8%, pero que con Arce bajó a 3,7% hasta el año pasado, o sea se redujo hasta en tres veces. Este índice y la va- riación positiva de ocupados en el mercado laboral fueron reconocidos por organismos internacionales como la Cepal.
Todo esto es parte de las conquistas económicas y sociales que deben ser protegidas con la unidad del pueblo organizado, como señaló Arce, quien también planteó que las elecciones son una buena oportunidad para conseguir un bloque legislativo obrero que trabaje por el país —dejando de lado los intereses particulares y el boicot económico de los actuales legisladores de la nueva y la vieja derecha—, para seguir la senda del crecimiento, la industria- lización y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores.
AEP
