El proceso de investigación que enfrenta el expresidente Evo Morales por trata y tráfico de personas, además de estupro agravado, marca un momento importante para la justicia boliviana.
Las graves acusaciones que lo rodean —incluyendo la relación con una menor de edad durante su mandato y las denuncias de abuso sexual y violación— no pueden ni deben ser desestimadas ni minimizadas.
El país tiene derecho a conocer la verdad, y las víctimas merecen justicia, sin intimidaciones ni manipulaciones políticas.
Las declaraciones de Morales, en las que asegura contar con "más de 200 abogados" para su defensa, evidencian una postura que busca proyectar poder e impunidad. Pero ante acusaciones de esta magnitud, la ley debe prevalecer sobre cualquier manifestación de influencia o poder político.
No se trata de un juicio político ni de una persecución contra su figura, como algunos han querido argumentar. Se trata de denuncias graves, que involucran a menores de edad y que, por su naturaleza, son delitos de orden público, imprescriptibles y que trascienden la esfera privada.
Las investigaciones en curso señalan patrones de conducta alarmantes. Distintas voces, desde activistas como María Galindo hasta la propia Fiscalía, han puesto en evidencia la existencia de un posible esquema sistemático de abuso.
Se habla de jóvenes provenientes de sectores campesinos e indígenas, llevadas al Palacio de Gobierno, sometidas a relaciones de poder y vulnerabilidad que, según las denuncias, resultaron en violaciones.
Este no es un caso aislado. Varias víctimas han intentado denunciar, solo para enfrentarse a un sistema que no las protegió. Las denuncias iniciales no prosperaron, y ahora, después de años de impunidad, el país se enfrenta a una encrucijada.
Las autoridades, empezando por la Fiscalía, deben actuar con total transparencia e independencia para garantizar que la investigación avance sin presiones externas. No podemos permitir que el poder político siga encubriendo delitos tan graves.
Morales debe someterse a la ley. Su estatus como exmandatario no lo exime de responder por sus actos, y su estrategia de amedrentamiento, mediante la mención de su nutrida defensa legal, solo agrava la percepción de una justicia desigual.
Las víctimas, muchas de ellas asustadas y amedrentadas, han esperado demasiado tiempo. El Estado boliviano tiene la obligación de protegerlas y asegurar que sus voces sean escuchadas en un tribunal, no silenciadas por el poder y la influencia.
Bolivia necesita una justicia que actúe con firmeza, que no ceda ante presiones políticas ni económicas. La impunidad no puede seguir siendo el refugio de los poderosos. El país merece la verdad, y las víctimas merecen justicia. Las autoridades deben investigar con rigor, y Evo Morales debe rendir cuentas como cualquier ciudadano. Porque cuando se trata de delitos tan graves, no hay defensa ni poder que justifique el silencio o la inacción.
La historia no olvidará el desenlace de este proceso. Y el pueblo boliviano tampoco.
