En el escenario internacional, Bolivia ha dado un paso importante al solicitar sumarse al caso de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Esta medida marca un momento clave en la batalla legal en curso sobre el genocidio de palestinos en la Franja de Gaza.
La decisión del gobierno de Luis Arce de intervenir en este caso de alto perfil no es solo una mera maniobra legal, representa una declaración de solidaridad con el pueblo palestino y un compromiso con la defensa del derecho internacional.
Al invocar el artículo 63 del Estatuto de la CIJ, Bolivia afirma su derecho a participar en un proceso que involucra la interpretación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de la que es parte desde 2005.
Esta acción coloca a Bolivia junto a otras nueve naciones que ya han intervenido en el caso, entre ellas Nicaragua, Colombia, Libia, México, Palestina, España, Turquía, Chile y Maldivas.
El creciente número de países que se suman a este esfuerzo legal grafica la preocupación mundial por la situación en Gaza y el deseo de ver que se haga justicia en el escenario internacional.
La declaración de la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, en la que condena "la ocupación ilegal de Israel y la ejecución de miles de inocentes" refleja la postura ética de Bolivia sobre este tema.
También destaca la determinación del Estado Plurinacional de utilizar todas las plataformas disponibles para expresar su oposición a lo que percibe como graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional.
El momento de la solicitud del gobierno del presidente Arce es particularmente significativo porque se da cuando Sudáfrica tiene previsto presentar a la CIJ un memorando sobre los presuntos crímenes de genocidio cometidos por Israel en Palestina y la intervención de Bolivia, por tanto, añade otra capa de complejidad y urgencia a los procedimientos.
Además, hay una serie de órdenes que ya ha emitido la CIJ, incluidas las directivas para que Israel adopte todas las medidas necesarias para impedir el genocidio en Gaza, proporcionar asistencia humanitaria y detener las operaciones militares en Rafah.
Estas órdenes describen la gravedad de la situación y el reconocimiento por parte de la Corte de la urgente necesidad de actuar.
La medida de Bolivia sirve para recordar el poder de la acción colectiva en el derecho internacional y demuestra también cómo las naciones más pequeñas pueden desempeñar un papel crucial a la hora de abordar las injusticias globales.
El mundo observa atentamente el desarrollo de este caso. La intervención de Bolivia no solo fortalece el caso contra Israel, sino que también envía un mensaje claro: la comunidad internacional no se quedará de brazos cruzados ante las atrocidades.
La Paz/AEP
