En un escenario político donde debería primar el bienestar ciudadano, Bolivia atraviesa una crisis evitable que afecta directamente a quienes menos responsabilidad tienen en las disputas de poder.
La negativa de la Asamblea Legislativa para aprobar créditos de inversión por más de 1.600 millones de dólares durante 26 meses representa un doloroso ejemplo de cómo la mezquindad política termina castigando al pueblo.
El presidente Luis Arce ha señalado con claridad que estos recursos no están destinados a beneficiar a figuras políticas sino a ejecutar obras públicas y a inyectar la tan necesaria liquidez en una economía que muestra signos de escasez de dólares.
Lo que resulta particularmente lamentable es que esta situación de bloqueo legislativo no comenzó ayer, sino que se remonta a 2022, cuando legisladores afines a Evo Morales, Creemos y Comunidad Ciudadana empezaron a ralentizar estos procesos.
La ironía de esta situación es que los mismos representantes políticos que fueron elegidos para defender los intereses del pueblo boliviano están contribuyendo activamente a su sufrimiento.
La provisión de carburantes, un elemento fundamental para el funcionamiento diario de cualquier economía moderna, se ha visto comprometida hasta el punto de que el Gobierno ha tenido que implementar diez medidas transitorias de emergencia.
El recurso a soluciones alternativas, incluyendo incursiones en terrenos tan novedosos y complejos como los criptoactivos, demuestra la acción de un gobierno que intenta navegar aguas turbulentas sin el apoyo del poder Legislativo.
Estas medidas, si bien demuestran creatividad e iniciativa, no dejan de ser parches temporales a problemas estructurales que requieren soluciones consensuadas.
Los ciudadanos bolivianos merecen representantes que sepan distinguir entre la legítima oposición política y el sabotaje institucional que termina perjudicando a todos.
Es hora de que la clase política boliviana recuerde que su mandato fundamental es servir al pueblo, no utilizarlo como peón en sus batallas de poder.
La aprobación de estos créditos es un paso necesario para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado y el bienestar de sus ciudadanos.
Mientras los políticos continúen priorizando sus agendas personales sobre el bien común, será el pueblo boliviano quien siga pagando el precio más alto. Y ese es un lujo que un país con tantos desafíos por delante simplemente no puede permitirse.
Ahora El Pueblo
