La solicitud de cinco integrantes de las Fuerzas Armadas para someterse a juicios abreviados, luego de admitir su responsabilidad en el golpe de Estado fallido del 26 de junio, marca un punto de inflexión en la narrativa de los acontecimientos que sacudieron al país aquella oscura jornada.
Esta admisión de culpabilidad no solo refuerza la gravedad de los hechos ocurridos, sino que también desmorona definitivamente la teoría del "autogolpe" que algunos sectores intentaron propagar.
Las evidencias acumuladas durante estos dos meses de investigación pintan un cuadro claro de un intento genuino de derrocar al gobierno del presidente Luis Arce.
La participación del excomandante general del Ejército Juan José Zúñiga, identificado como líder del golpe fallido, sus declaraciones previas amenazando a un ciudadano y la existencia del grupo Pachajchos dentro de las Fuerzas Armadas conforman un entramado que difícilmente puede ser catalogado como una maniobra orquestada por el propio gobierno.
La hipótesis del autogolpe, sostenida inicialmente por algunos sectores opositores, se desvanece ante la contundencia de los hechos. La admisión de culpabilidad por parte de cinco militares implicados es quizás la prueba más irrefutable de que el movimiento del 26 de junio fue, efectivamente, un intento real de tomar el poder por la fuerza.
Es importante destacar que, a diferencia de lo ocurrido en 2019, este intento de golpe no contó con el apoyo de sectores civiles ni de la oposición política.
Este hecho no solo demuestra la falta de cálculo de los golpistas, sino que también refleja un cambio en la dinámica política boliviana, donde parece haber un mayor consenso en torno a la defensa de la institucionalidad democrática.
La decisión de las Fuerzas Armadas de dar de baja definitiva a cinco altos mandos militares involucrados en el golpe fallido es otro paso hacia la depuración de la institución y el fortalecimiento del orden constitucional.
Sin embargo, es importante que las investigaciones continúen hasta sus últimas consecuencias, para identificar a todos los responsables y garantizar que rindan cuentas ante la justicia.
Este episodio sirve como una lección para fortalecer las instituciones democráticas y para reafirmar el principio de que la institución castrense debe mantenerse al margen de los asuntos políticos.
La estabilidad de la nación depende de un respeto total al orden constitucional y al respeto popular expresado en las urnas.
La evidencia acumulada y las recientes admisiones de culpabilidad no dejan lugar a dudas: Bolivia enfrentó un intento real de golpe de Estado. Es hora de dejar atrás subjetivas teorías conspirativas.
