Los resultados de las políticas sociales son poco más que invisibles para quienes se rehúsan a verlas por cuestiones políticas o solo por hacer oposición, pero las cifras y porcentajes hablan por sí solos y más cuando son resultado de un trabajo de la magnitud de un censo, como el realizado el 23 de marzo de 2024.
En Bolivia es un derecho universal el acceso a la salud y educación, teniendo en cuenta lo central que son para el desarrollo económico. En esa línea, desde el Gobierno y como una política de Estado, fueron encaminadas diferentes iniciativas para beneficio de los estudiantes de unidades fiscales y del binomio madre-niño.
Justamente la Constitución Política del Estado establece en su parágrafo I del artículo 35 que el “Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”.
Mientras, sobre la educación, el parágrafo I del artículo 77 prevé que “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”.
Desde 2006 hasta 2025 rige una forma de administrar el Estado distinta a la del pasado, centrada en el ser humano, sobre todo en aquel que menos oportunidades tuvo y tiene, sin descuidar lo económico. Esa mirada humanista desde el Estado hizo posible los logros que ahora pueden medirse y contrastarse con datos intercensales.
Por ejemplo, la tasa de asistencia escolar del rango de 4 a 5 años mejoró entre los periodos intercensales, pasando de un 41,9% en 2001 a un 84,4% en 2024. La tasa de asistencia de niños de 6 a 11 años en primaria es del 98,1%, en tanto que los niños y adolescentes de 12 a 17 años de secundaria pasaron del 80% en 2001 al 93,3% en 2024.
En 2001, el 38,5% de los hombres alcanzaba la educación secundaria y solo el 27,5% de las mujeres; mientras que en 2024 el 46,6% de los hombres terminan la educación secundaria y el 36,9% de las mujeres. En educación superior, en 2001, el 18,7% de los hombres y el 15,7% de las mujeres terminaba sus estudios; mientras que en 2024 el 32,5% de los varones concluyen la formación superior y el 34,2% de féminas.
La brecha de educación entre campo y ciudad se redujo de 5 años a 3,8 años. Los resultados son consecuencia de acciones desde el Gobierno central, como el haber mantenido el pago del Bono Juancito Pinto de Bs 200 anuales, para asegurar la permanencia de los estudiantes en aulas.
A esto debe sumarse el bono de Bs 1.000 a los mejores bachilleres, la construcción de modernas unidades educativas (equipadas con laboratorios de química, física y computación) y maestros con sus salarios al día y constante capacitación.
En salud no es diferente. Las mujeres de 15 a 49 años atendidas en centros de salud por personal calificado en el parto alcanzaron el 63,6% en 2001 y llegaron al 92,2% en 2024. En el área urbana la atención mejoró de 80,4%, en 2001, a 96,4% en 2024.
El mayor desarrollo se da en el área rural, donde se pasó de 35,8% en 2001 a 82,7% en 2024, es decir, casi la totalidad de los partos en Bolivia son atendidos en centros de salud con personal calificado.
Estos indicadores tienen su explicación en incentivos como el Bono Juana Azurduy, que está dirigido a mujeres gestantes y niños menores de 2 años. Este beneficio consiste en la entrega de un incentivo económico de Bs 1.820, por cumplimiento de cuatro controles prenatales, atención del parto y posparto, y 12 controles de salud del niño-niña menor de dos años.
También debe sumarse la nueva infraestructura, equipamiento y personal médico que garantiza el Estado, como parte de su política social integral.
El presidente Luis Arce destacó el 5 de septiembre las mejoras en los indicadores socioeconómicos y afirmó que son resultado del Proceso de Cambio, que el pueblo, sabiendo de sus efectos y beneficios, defenderá y exigirá se mantenga o mejore al nuevo gobierno.
