La aprobación del decreto supremo que garantiza el pago del Bono Juancito Pinto 2025, con una inversión superior a los 474,3 millones de bolivianos, marca un momento histórico en la política social boliviana.
Será la última gran gestión del presidente Luis Arce antes de entregar el mando el 8 de noviembre, cerrando así el ciclo de una de las políticas progresistas más exitosas de América Latina.
Los números revelan la magnitud de esta política: más de 1.000 millones de dólares entregados durante dos décadas del MAS constituyen la mayor inversión social en educación de la historia boliviana.
Esta cifra representa a millones de niños y adolescentes que pudieron permanecer en las aulas cuando la economía familiar amenazaba con expulsarlos del sistema educativo.
El Bono Juancito Pinto ha demostrado que las políticas sociales progresistas no son gastos sino inversiones en el futuro nacional. Cada boliviano entregado se convierte en capital humano que fortalece las bases del desarrollo sostenible del país.
Como política enmarcada en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, el bono ejemplifica la filosofía redistributiva que caracterizó a los gobiernos del MAS.
Junto al Bono Juana Azurduy y la Renta Dignidad, conforma un sistema integral de protección social que ataca las desigualdades estructurales desde sus raíces.
La participación de 27 empresas estatales en el financiamiento del bono 2025 demuestra cómo un Estado presente puede movilizar recursos para garantizar derechos fundamentales. Es la materialización práctica de la soberanía económica puesta al servicio de la justicia social.
Durante cinco años, la administración de Luis Arce mantuvo intacto este compromiso social pese a las presiones económicas y los obstáculos políticos.
Esta coherencia contrasta con administraciones que prometen en campaña y olvidan en el gobierno. El Bono Juancito Pinto se pagó religiosamente cada año, demostrando que para un gobierno progresista las políticas sociales no son variables de ajuste sino prioridades irrenunciables.
Más allá de su dimensión redistributiva, el bono ha cumplido exitosamente su objetivo: reducir la deserción escolar e incentivar la permanencia estudiantil.
Los 200 bolivianos anuales por estudiante representan un respiro económico para familias humildes que, en momentos difíciles, podrían verse tentadas a retirar a sus hijos de la escuela.
Esta política ha contribuido a democratizar el acceso a la educación, rompiendo el círculo vicioso de la pobreza que condena a generaciones enteras a la exclusión educativa.
El último pago del Bono Juancito Pinto bajo la presidencia de Arce adquiere un simbolismo especial. Será recordado como el cierre de una gestión que mantuvo intacto el compromiso social del MAS, pero también como un desafío para las futuras administraciones.
Cualquier gobierno que suceda al presidente Arce deberá decidir si continuará con esta política progresista o si la desmantelará. La decisión que tome revelará su verdadero compromiso con la justicia social y la educación pública.
Que sea Luis Arce quien honre el último pago antes de entregar el mando constituye un honor histórico que define su presidencia. Será recordado como el mandatario que mantuvo hasta el final su compromiso con las políticas sociales progresistas, demostrando que es posible gobernar con principios.
El 8 de noviembre, cuando Arce entregue el poder, dejará como legado no solo obras físicas sino también la continuidad de una política que cambió la vida de millones de bolivianos.
