Los cuatro órganos del Estado Plurinacional de Bolivia —Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral— blindaron la realización de las elecciones generales del 17 de agosto. Los comicios están bajo el principio de preclusión y nada podrá interferir que los bolivianos elijan al presidente, vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y nueve representantes supraestatales.
Las entidades estatales “patearon el tablero” ante los intentos de ciertos sectores que tienen intereses oscuros de suspender los comicios bajo diferentes argumentos. ¿Por qué los accionantes no presentaron antes estos recursos judiciales si tienen la certeza —por ejemplo— de que se viola el derecho de los pueblos indígenas? o ¿la Constitución Política del Estado no es clara en el tema de la presentación de los binomios?
Primero fue la acción decidida del Gobierno nacional de desembolsar Bs 310 millones y encaminar todos los mecanismos legales y logísticos para garantizar el derecho del pueblo de elegir a nuevas autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo.
El mensaje del ministro de Justicia, César Siles, fue contundente: “Ellos saben (autoridades judiciales y del TCP) que, en caso de aventurarse a ir un poco más allá del compromiso que asumieron con la democracia en la reunión con el Órgano Electoral, pueden, con sus acciones u omisiones, ser sujetos a juicios de responsabilidades como manda la Ley 044”. Fue un poderoso mensaje a quienes, como en el pasado, pretendían suspender o alterar los comicios.
Después fue el Tribunal Supremo de Justicia que emitió el Instructivo 07/2025, que establece su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y el orden constitucional en Bolivia, por lo que las autoridades judiciales deben garantizar el desarrollo de las elecciones y deben actuar con conciencia y responsabilidad, priorizando la paz y estabilidad del país.
Pidió a las autoridades jurisdiccionales del país demostrar su compromiso firme con la democracia frente a las acciones constitucionales que pretendían paralizar el proceso electoral, además de que el Estado ya hizo una erogación significativa de recursos públicos, y que el Órgano Electoral Plurinacional desarrolla el calendario electoral.
Advirtió de que el incumplimiento del instructivo dará lugar a la adopción de medidas legales contra aquellas autoridades que intenten desestabilizar el orden constitucional o atentar contra la democracia, que fue recuperada por el pueblo “a costa de sangre”.
A ellos se sumaron las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional, que acordaron “blindar” las elecciones y descartaron que los recursos judiciales presentados frenen el proceso electoral.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional garantiza plenamente las elecciones. Es decir (que haremos) el acompañamiento con el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gonzalo Hurtado, luego de la reunión con vocales del TSE.
Las elecciones generales están “blindadas” porque no existe ningún mecanismo jurídico que permita paralizarlas. El calendario electoral se está cumpliendo en los plazos establecidos y las elecciones se realizarán sin contratiempos gracias al respaldo de los cuatro órganos de poder.
AEP
