En noviembre de 2019, el régimen de Jeanine Añez se hacía del poder por la vía inconstitucional y traía consigo —además de una pésima administración de la pandemia, hechos de corrupción, violencia extrema y nula gestión gubernamental— una flagrante vulneración al derecho a la comunicación e información que se materializó en muchas oportunidades, y una de ellas fue el desmantelamiento de los medios estatales con un millonario daño económico.
Todos los medios del Estado, de una u otra manera, fueron vulnerados, pero en el caso particular de las Radios de los Pueblos Originarios (RPO) el daño fue contundente, puesto que se desmanteló casi el 100% de las emisoras, toda vez que, hasta octubre de 2019, en el país operaban 80 RPO, pero el régimen de Añez acalló a 78 de estas, dejando solo dos en funcionamiento, que se salvaron porque contaban con custodios.
Según un informe que brindó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en noviembre de 2021 respecto al daño económico que sufrieron las RPO, el monto supera los Bs 2,2 millones.
No obstante, el compromiso de recuperar el derecho a la comunicación en el país, y en particular, de los pueblos originarios y de quienes habitan en las áreas rurales, estaba puesto. Es así que, desde el Viceministerio de Comunicación, por instrucción del presidente Luis Arce, se emprendió una cruzada para la recuperación de equipos y la rearticulación de la dinámica de trabajo para volver a dar voz a quienes fueron invisibilizados durante aquel aciago periodo que marcó una debacle en los avances generados respecto a la democratización de la información.
Esta recuperación paulatina permitió que muchas regiones de Bolivia, que utilizaban estas radios para dar a conocer su realidad al país, e incluso promocionar productos propios de las localidades, vuelvan a contar con un medio de comunicación.
Para recuperar el derecho a la información y a la difusión de las lenguas y culturas indígenas, solo este año, el Gobierno nacional invirtió más de Bs 6 millones y se espera que la próxima gestión se puedan reabrir las restantes emisoras de la red, con una inversión mayor.
Hoy, gracias al esfuerzo del Gobierno y de los pobladores de cada región, se puede decir con satisfacción que la política de reactivación está dando frutos y ya son 60 Radios de los Pueblos Originarios que se encuentran en funcionamiento.
La más reciente fue la emisora Achiquiri-Mapiri, y el compromiso de continuar con el proceso de rearticulación está en pie, en pro de garantizar la libertad de expresión e información en todo el territorio nacional.
