La agrupación ciudadana Creemos, del millonario Luis Fernando Camacho, tiene, al igual que su jefe, tintes fascistas.
Sus miembros, quizá no todos, presumen con violencia su carácter discriminador, racista, intolerante y golpista. Provienen de la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista.
Fueron los promotores del golpe de Estado de 2019 que dejó un país en ruinas y familias destruidas a fuerza de metralla.
Durante los tres paros escalonados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en 2022, uno de 36 días, su población, de 1,5 millones de habitantes, sufrió el terror de la violencia impuesta.
El bloqueo provocó que al menos cuatro pacientes con cáncer fallecieran al no recibir medicamentos ni atención médica oportuna.
La fuerza pública de Santa Cruz reportó decenas de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes estuvieron en contra de las medidas de presión.
El paro cívico arrancó el 22 de octubre con la propuesta del Ejecutivo del Censo 2024, rechazada por los cívicos, y concluyó el 26 de noviembre confirmándose esa fecha sobre una base técnica y con una norma aprobada en la Cámara Baja.
En ese tiempo, grupos violentos al servicio de los cívicos y Creemos golpearon a indígenas, mujeres, periodistas a bomberos y policías, vulneraron el derecho al trabajo y a la alimentación, a la salud, a la educación, a la libre expresión y provocaron más de 1.200 millones de dólares en pérdidas económicas para el departamento y 300 millones de bolivianos a las empresas estatales.
Los grupos radicales y delincuenciales generaron en Santa Cruz una escalada de violencia. Quemaron la sede de los campesinos, saquearon las instalaciones de la Central Obrera Departamental, violentaron otras organizaciones sociales, amenazaron a dirigentes y a sus familias.
Saquearon también puestos de venta de los gremialistas de zonas populosas como la Villa Primero de Mayo y del Plan Tres Mil y se informó de despidos en la Gobernación de servidores públicos que cuestionaron la medida de presión impuesta por su máxima autoridad, Fernando Camacho.
En el área rural, esas mismas facciones de extrema derecha cometieron acciones de racismo y discriminación contra la población indígena, como la ayorea y chiquitana, y la campesina intercultural.
La violencia provocó la muerte de tres personas en los bloqueos urbanos, y una en la frontera con Brasil, mientras que otros cuatro enfermos de cáncer fallecieron al no recibir atención oportuna por la interrupción, precisamente, del tráfico vehicular.
Después de la aprehensión de Luis Fernando Camacho, la tarde del 28 de diciembre de 2022, grupos irregulares de la Unión y Creemos incendiaron una treintena de instalaciones públicas, privadas y comercios en la pujante Santa Cruz.
Y en los últimos días, esos mismos radicales golpearon de forma salvaje, a plena luz del día y fascinados con las cámaras, a una joven legisladora departamental, madre, esposa e hija.
El país ve con pavor el semillero antidemocrático que incuba Creemos y la Unión Juvenil Cruceñista como fiel mandato de su encarcelado e irracional jefe Fernando Camacho.
