El cierre del año legislativo 2024 deja al descubierto una preocupante realidad que amenaza el futuro de importantes proyectos de desarrollo del país.
La no aprobación de 14 créditos internacionales, que suman más de $us 1.228 millones, representa mucho más que cifras en un papel: simboliza la obstaculización deliberada del progreso nacional por intereses políticos particulares.
La magnitud de esta paralización legislativa se hace más evidente cuando se analiza el destino de estos fondos. No estamos hablando de proyectos superfluos, sino de iniciativas fundamentales para el desarrollo del país.
La ampliación del sistema de Mi Teleférico en La Paz, por ejemplo, no es solo un proyecto de transporte: representa la modernización del sistema de movilidad urbana y la reducción de la huella de carbono en la ciudad sede de gobierno.
Resulta particularmente alarmante que la oposición, tanto desde el sector evista como desde Comunidad Ciudadana y Creemos, haya optado por una estrategia de bloqueo sistemático que afecta directamente a la población más vulnerable.
El programa de gestión resiliente del agua para riego comunitario, valorado en $us 150 millones, por ejemplo, podría transformar la vida de comunidades rurales enteras que dependen de la agricultura para su sustento.
Esta obstrucción parlamentaria no solo frena el desarrollo infraestructural sino que también compromete la capacidad del país para enfrentar desafíos climáticos y emergencias sanitarias.
El bloqueo de $us 250 millones destinados a emergencias por desastres naturales y salud pública deja al país en una situación de vulnerabilidad innecesaria.
La administración del presidente Luis Arce ha presentado una visión integral de desarrollo que incluye desde proyectos de energía renovable, como la Planta Solar Contorno Bajo I, hasta programas de generación de empleo y desarrollo rural sostenible.
Sin embargo, esta visión está siendo sistemáticamente saboteada en el parlamento, lo que no solo perjudica al Gobierno actual sino al futuro mismo de la población vulnerable.
El país no puede permitirse que las disputas políticas continúen obstaculizando su desarrollo. Cada día de retraso en la aprobación de estos créditos representa oportunidades perdidas para miles de bolivianos.
La pregunta que debemos hacernos no es si estos proyectos benefician a un gobierno u otro, sino cuánto tiempo puede Bolivia permitirse postergar su propio desarrollo en aras de mezquinos cálculos políticos.
