Memoria, verdad y justicia. La crisis y la violencia política de 2019 se saldaron con el desconocimiento de las elecciones que dieron como ganador al MAS, bajo el discurso del fraude; el quiebre constitucional y la autoproclamación de Jeanine Añez como presidenta; la represión socapada por el “decreto de la muerte” 4078; las masacres de Sacaba y Senkata con 21 fallecidos por impactos de bala; persecuciones, torturas, racismo... graves violaciones a los derechos humanos. Esto no puede quedar impune.
Una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar si las detenciones de los principales acusados de estos hechos luctuosos cumplieron los plazos, léase Añez —ya condenada a 10 años de prisión por su nombramiento ilegal— y los excívicos que dirigieron la revuelta, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, provocó una avalancha de críticas porque es inaceptable que se privilegie a tres personas cuando hay miles de detenidos preventivos que sufren por la retardación judicial. La ley es igual para todos.
Este hecho puede hacer que Añez se libre de un proceso ordinario para que se someta a un juicio de responsabilidades, que Camacho y Pumari estén a punto de salir libres. Al respecto, fiel a su política que reivindica la independencia de poderes, y como parte de los juicios contra estas personas, el gobierno de Luis Arce remarcó que respetará las resoluciones que asuma la justicia, sin renunciar a los recursos que le franquea la ley si no se cumple con el procedimiento. Eso sí, exhortó a no olvidar a las víctimas de 2019.
No hay que olvidar que ese periodo dejó luto en 37 familias que perdieron a sus seres queridos por la cruel represión que también dejó más de 800 heridos, más de 1.500 detenidos de forma arbitraria e ilegal, y decenas de torturados, bajo el paraguas de un régimen que alentó la persecución política, la discriminación y el racismo, con la venia de un decreto supremo que exoneró de cualquier responsabilidad penal a los efectivos militares que participen en los operativos para “el restablecimiento del orden interno”.
No hay que olvidar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado con ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar lo sucedido en 2019, constató que hubo graves violaciones de derechos humanos, que en Sacaba y Senkata hubo masacres con ejecuciones extrajudiciales, que el decreto 4078 buscó impunidad… Ante ello, hizo 36 recomendaciones al Estado para realizar la investigación, la reparación de las víctimas y la sanción de los responsables.
No hay que olvidar que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas demandó una indagación pronta, exhaustiva e independiente, y que los autores de torturas, malos tratos y uso desproporcionado de la fuerza pública reciban las sanciones que ameriten. Más aún, no hay que olvidar que Amnistía Internacional (AI), apenas iniciada la gestión de facto de Añez, expresó su preocupación por el Decreto Supremo 4078 y recordó al personal militar y policial que sus operaciones podían merecer consecuencias penales.
No hay que olvidar que las acciones de los órganos del Estado para investigar y juzgar las vulneraciones de derechos humanos en los últimos cuatro meses de 2019, dirigidas por la Fiscalía y el Órgano Judicial, respondieron al pedido de justicia de las víctimas y de organismos externos, resguardando el debido proceso y el derecho a la defensa de los acusados, lo que fue reconocido por entidades internacionales. Ahora resta que se evite la impunidad, para que prevalezca la memoria, la verdad y la justicia en Bolivia.
