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¿Por qué Bolivia volvió a caer en la “lista gris” del GAFI?

Más allá del titular internacional que ubicó nuevamente al país entre las jurisdicciones con mayores deficiencias en su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, hay una historia más profunda que merece ser contada.

Este suplemento especial indaga en la raíz del problema, en los actores que —desde espacios de poder y con estrategias de protesta— se opusieron sistemáticamente a la aprobación de una norma clave exigida por la comunidad internacional.

Durante más de cuatro años, el Estado boliviano intentó consolidar un marco legal acorde con los estándares globales. Cuatro proyectos de ley fueron frenados en distintos momentos por campañas de desinformación, paros cívicos, presión política y bloqueos alentados por sectores que, al parecer, tenían mucho que perder con una legislación transparente y eficaz.

El reportaje central reconstruye esta cronología, revela los intereses detrás de la resistencia y muestra cómo los discursos de “defensa de la libertad” sirvieron para blindar a políticos, empresarios y operadores con antecedentes en paraísos fiscales, casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. En paralelo, analiza el rol de actores clave y la responsabilidad compartida de sectores que, al rechazar sin argumentos una ley técnica, terminaron exponiendo a Bolivia a un riesgo financiero global.

En las páginas siguientes, este suplemento amplía la mirada con los testimonios de quienes vivieron las consecuencias de este conflicto desde adentro: gremialistas, autoridades económicas, actores sociales. Además, recoge el análisis de un experto que plantea una advertencia inquietante: mientras se repita este patrón de sabotaje legislativo disfrazado de protesta, Bolivia no solo seguirá bajo observación internacional, sino que podría poner en juego su estabilidad institucional.

Hoy, con un nuevo proyecto de ley en curso, el país enfrenta una decisión crítica. La pregunta ya no es técnica, sino política: ¿Se aprobará finalmente la norma que el GAFI exige o volverán a pesar más los intereses particulares de quienes temen la transparencia?

AEP


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