La decisión de brindar protección policial a las víctimas y funcionarios involucrados en las denuncias de abuso sexual que pesan sobre el expresidente Evo Morales representa un paso fundamental en la lucha contra la impunidad.
En casos tan delicados, donde las víctimas han dado el valiente paso de denunciar, es imperativo que el Estado garantice su seguridad y bienestar.
Es particularmente preocupante que, en pleno siglo XXI, quienes denuncian delitos contra menores de edad deban enfrentar amenazas y amedrentamiento por parte de quien ha dirigido en su momento los destinos del país.
Esta situación revela una realidad inquietante: los poderosos aún intentan silenciar a sus víctimas mediante la intimidación y la presión social. Las represalias contra quienes han decidido alzar la voz son absolutamente inadmisibles en un Estado de derecho.
Resulta especialmente grave que Evo Morales y sus violentos secuaces utilicen medidas de presión, como los bloqueos de carreteras, no para exigir derechos sociales legítimos, sino para intentar obstruir investigaciones judiciales sobre delitos contra menores.
Estas acciones demuestran un desprecio total por la justicia y por los derechos de las víctimas.
La sociedad boliviana exige justicia, y esta no puede ser negociada ni obstaculizada. Los procesos judiciales deben seguir su curso con total independencia, transparencia y, sobre todo, garantizando la seguridad de quienes han tenido el valor de denunciar.
Ninguna posición política o poder fáctico puede estar por encima de la ley, especialmente cuando se trata de proteger a menores de edad.
El compromiso expresado por las autoridades policiales y gubernamentales para proteger a las víctimas y a quienes las apoyan debe traducirse en acciones concretas y efectivas.
La sociedad estará vigilante para que estas garantías se cumplan y que las investigaciones puedan desarrollarse sin presiones ni amenazas.
Es fundamental que las instituciones demuestren su compromiso con la protección de los más vulnerables. El mensaje debe ser claro: en Bolivia, ningún delito contra menores quedará impune, sin importar quién sea el acusado.
La Paz/AEP
