La aparición de grupos armados en los bloqueos del trópico cochabambino y ataques a patrullas policiales en Oruro marcan un preocupante punto de inflexión en la crisis política que atraviesa el país. Es absolutamente inadmisible que se utilicen armas de fuego contra las fuerzas del orden, especialmente cuando estas acciones tienen como único objetivo proteger a alguien que enfrenta graves acusaciones por delitos contra menores de edad.
Las amenazas de dirigentes ligados al expresidente Evo Morales contra las fuerzas de seguridad revelan una peligrosa radicalización del conflicto.
Las declaraciones que advierten sobre posibles respuestas violentas demuestran un total desprecio por el Estado de derecho y la convivencia pacífica.
No puede existir justificación alguna para amenazar con el uso de la violencia en un intento por obstruir investigaciones judiciales sobre delitos tan graves como el estupro y la trata de personas.
La emboscada a efectivos policiales con armas de grueso calibre en Oruro representa también una escalada alarmante que debe ser enfrentada con toda la fuerza de la ley.
Un Estado democrático no puede permitir la existencia de grupos armados que buscan imponer su voluntad mediante la violencia y el terror.
Resulta particularmente repudiable que se busque "derramar sangre", como han denunciado las autoridades, con el único propósito de evitar que la justicia investigue presuntos delitos contra una menor de edad.
Ninguna causa política puede justificar poner en riesgo la vida de policías y ciudadanos inocentes, menos aun cuando el objetivo es obstaculizar el curso de la justicia.
La sociedad boliviana se mantiene firme en su rechazo a cualquier forma de violencia política. Los bloqueos y las amenazas no pueden convertirse en herramientas para conseguir impunidad.
La justicia debe seguir su curso con independencia y transparencia, sin ceder ante presiones violentas ni chantajes armados.
Es momento de que todos los sectores políticos y sociales condenen enérgicamente estas acciones violentas y reafirmen su compromiso con la paz y el Estado de derecho.
Bolivia no puede retroceder a tiempos donde la violencia se imponía sobre la justicia. La protección de los derechos de los menores y la lucha contra la impunidad no son negociables.
