En un giro sorprendente, la Fiscalía ha rechazado la denuncia presentada por Evo Morales en contra de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del actual presidente Luis Arce, por presunto tráfico de influencias. La decisión, comunicada a través de un documento firmado por la fiscal Ingrid Rocío Feraudi, señala la falta de fundamentos para sostener las acusaciones vertidas por el líder cocalero.
Esta denuncia, presentada el 11 de octubre por Morales, se basaba en un audio que supuestamente implicaba a Marcelo Arce en negociaciones ilegítimas relacionadas con los recursos estratégicos de Bolivia, como el litio y el gas.
Sin embargo, la Fiscalía ha determinado que no existe evidencia suficiente para respaldar tales alegatos, despejando así las nubes de sospecha que se cernían sobre el hijo del Presidente.
Las declaraciones de Marcelo Arce han sido claras desde el principio, negando rotundamente cualquier tipo de irregularidad y enfatizando en la ausencia total de "negocios familiares".
En su momento, Arce desafió a Morales a presentar pruebas concretas ante las instancias judiciales correspondientes, reforzando su posición de transparencia y su confianza en la justicia.
Este veredicto del Ministerio Público no solo exonera a Marcelo Arce Mosqueira de las acusaciones infundadas, sino que también arroja luz sobre la estrategia política de Evo Morales.
Utilizar a la familia del Presidente en ataques políticos sin fundamento solo desvirtúa el debate público y socava la credibilidad del denunciante. Es un intento flagrante de desestabilizar el entorno político del país mediante artimañas que, afortunadamente, han sido desmanteladas por la diligencia y objetividad de la Fiscalía.
Es imperativo subrayar la importancia de separar la política de la justicia. Las acusaciones sin fundamentos sólidos solo generan desconfianza en las instituciones y socavan la integridad del sistema judicial.
Evo Morales, como figura política, debería reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva sostener afirmaciones públicas y presentar denuncias que, al final, resultan ser meras estrategias de desgaste.
Este episodio también destaca la necesidad de un debate político basado en argumentos sólidos y propuestas concretas en lugar de recurrir a tácticas difamatorias. Bolivia merece un diálogo político que fortalezca la democracia y promueva la transparencia, en lugar de socavarla con acusaciones infundadas.
La ciudadanía exige soluciones a los desafíos reales que enfrenta el país, y no distracciones que solo buscan minar la confianza en las instituciones.
