La convocatoria a una movilización por parte de grupos afines a Evo Morales, programada para iniciar el 17 de septiembre, no es más que la punta del iceberg de un plan mucho más siniestro y peligroso para la estabilidad democrática de Bolivia.
Detrás de la aparente demanda de habilitación de Morales para las elecciones de 2025, se esconde un libreto cuidadosamente orquestado cuyo verdadero objetivo es socavar las bases mismas del gobierno actual.
El ampliado realizado en Villa Tunari, cuyos detalles se han intentado mantener en la sombra, revela las verdaderas intenciones de este movimiento: acortar el mandato del presidente Luis Arce, forzar elecciones anticipadas o, en el peor de los casos, presionar por la renuncia del mandatario.
Estos objetivos, expresados en discursos que deliberadamente se han mantenido fuera del ojo público, representan una amenaza directa no solo al gobierno constitucionalmente elegido, sino también a la integridad del sistema democrático boliviano en su conjunto.
Es pertinente recordar que Evo Morales está legalmente inhabilitado para presentarse como candidato en 2025. El fallo del Tribunal Constitucional del 29 de diciembre de 2023, que suspendió la reelección indefinida en Bolivia, no es un capricho político, sino una decisión fundamentada en principios democráticos.
La Sentencia Constitucional 1010/2023 establece claramente que la reelección "no es un derecho humano" y, por lo tanto, puede ser legítimamente restringida.
Este fallo anula la controvertida sentencia de 2017 que permitió a Morales postularse para una tercera reelección en 2019, elecciones que, recordemos, fueron posteriormente anuladas debido a irregularidades.
La obstinación de Morales y sus seguidores en desafiar esta decisión judicial demuestra un desprecio flagrante por el Estado de derecho.
La frase "Por las buenas o por las malas Morales va a ser presidente" no es una declaración política, es una amenaza directa a la institucionalidad del país.
Lo más preocupante es que esta movilización no busca el bienestar del pueblo boliviano ni la recuperación económica del país.
Es, en esencia, un intento descarado de satisfacer las ambiciones personales de un hombre que se niega a aceptar que su tiempo en el poder ha concluido.
La democracia no se construye en las calles a través de la intimidación y el caos, sino mediante el respeto a las instituciones y el proceso democrático.
El llamado a "resolver los problemas en democracia participativa" suena hueco cuando viene acompañado de amenazas de bloqueos y desestabilización.
El país no puede permitirse retroceder a tiempos de convulsión social por los caprichos de un líder que cree estar por encima de la ley.
Es hora de que la sociedad boliviana rechace categóricamente estos intentos de subvertir el orden constitucional. El país no puede ser rehén de las ambiciones desmedidas de un grupo que antepone sus intereses personales al bienestar de la nación.
La comunidad internacional debe estar alerta ante estas amenazas. Lo que está en juego no es simplemente la candidatura de un individuo, sino la estabilidad democrática de Bolivia y, por extensión, de la región.
Y la inminente movilización evista debe ser calificada como lo que realmente es: un intento descarado de golpe blando contra un gobierno democráticamente electo.
