El avance de la justicia en cualquier sociedad es fundamental para el funcionamiento de un sistema legal y democrático. En los últimos días, hemos sido testigos de un acontecimiento importante que subraya el compromiso de Bolivia con la justicia y el Estado de derecho.
La Fiscalía General del Estado ha presentado una acusación contra la exsenadora Jeanine Añez, tres de sus ministros, militares y policías por el delito de genocidio que se relaciona con los trágicos eventos en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto, en noviembre de 2019.
Esta acción legal, que busca responsabilizar a quienes ocuparon cargos de gran relevancia en el gobierno de facto, es un paso importante hacia la rendición de cuentas y la búsqueda de justicia en nombre de las víctimas y sus familias. Es un recordatorio de que, sin importar la posición o el poder de los acusados, nadie está por encima de la ley y que no hay impunidad para nadie.
Ambos casos involucran la muerte de ciudadanos bolivianos y múltiples heridos durante las manifestaciones para el retorno de la democracia, en las que fuerzas de seguridad del Estado, con aval de Añez, utilizaron armas de guerra contra civiles desarmados que ejercían su derecho a la protesta.
Los fiscales encargados de la investigación han recopilado una amplia gama de pruebas, desde entrevistas informativas hasta pruebas documentales y dictámenes periciales, para respaldar su acusación. Esto demuestra un esfuerzo exhaustivo y comprometido por parte de las autoridades para esclarecer los hechos y asegurarse de que los responsables rindan cuentas.
El delito de genocidio es uno de los más graves en el ámbito del derecho internacional y se centra en la protección de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida y la integridad personal. La pena máxima de 30 años de prisión subraya la seriedad de los cargos y la determinación de garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.
Este avance en la justicia no sólo ha sido destacado por las familias de las víctimas que esperaron tres años y once meses para la acusación formal, sino que también envía un mensaje claro de compromiso con la verdad y la justicia, como lo han exigido diversos organismos internacionales de derechos humanos que investigaron los casos de Sacaba y Senkata, a los que describieron como masacres.
