En el complejo tablero de la política, las fichas se mueven con frecuencia sin considerar el impacto real sobre la ciudadanía.
El rechazo en la Cámara de Diputados al crédito de $us 40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para completar el saneamiento de tierras es un claro ejemplo de cómo el obstruccionismo político puede tener graves consecuencias para cientos de miles de bolivianos.
Las cifras son alarmantes: 332.556 propietarios, en su mayoría pequeños productores, están siendo directamente perjudicados por esta decisión. Estamos hablando de familias cuyo sustento y futuro dependen de la regularización de sus tierras.
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, ha puesto sobre la mesa una realidad que no podemos ignorar: 7 millones de hectáreas pendientes de saneamiento, de las cuales 1,1 millones pertenecen a estos pequeños productores.
Es lamentable que las fuerzas opositoras —Comunidad Ciudadana y Creemos, junto con los legisladores ligados al expresidente Evo Morales— decidieran unirse para bloquear esta iniciativa. Su acción no solo obstaculiza la labor del gobierno de Luis Arce, sino que, más grave aún, frena el desarrollo y la seguridad jurídica de miles de bolivianos.
El saneamiento de tierras no es un asunto menor. Es la piedra angular para el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la paz social en el campo. Los avances logrados hasta ahora son significativos, con varios departamentos cerca de completar el proceso. Sin embargo, el 7% restante representa un desafío crítico que requiere recursos y voluntad política para ser superado.
La ralentización del proceso de saneamiento, como señala Núñez, es preocupante. Pasar de un ritmo de "100 por hora" a una capacidad del 20% no solo retrasa la entrega de títulos, sino que prolonga la incertidumbre y vulnerabilidad de miles de familias campesinas.
Es momento de que nuestros legisladores eleven la mirada más allá de las rencillas políticas y consideren el bien común. El crédito del BID no es un capricho del Gobierno actual, es una herramienta vital para completar un proceso de décadas que busca ordenar y regularizar la tenencia de la tierra en Bolivia.
La oposición tiene el derecho y el deber de fiscalizar, pero también la obligación moral de no obstaculizar proyectos que benefician directamente a la población más vulnerable. Por su parte, los legisladores ligados al expresidente Morales deberían recordar que el saneamiento de tierras fue una bandera de su propio gobierno y que bloquear su culminación va en contra de los intereses de las bases campesinas que dicen representar.
El rechazo al crédito del BID es mucho más que un revés político, es un golpe directo a las esperanzas y el futuro de más de 300.000 familias bolivianas. Es hora de que nuestros representantes entiendan que su labor va más allá de la confrontación política.
El saneamiento de tierras es un proyecto de Estado que trasciende gobiernos y partidos. Bolivia no puede darse el lujo de sacrificar el progreso de su gente en el altar de las disputas políticas. El costo humano es simplemente demasiado alto.
